En medio de la violencia y agresiones que se registran en México contra las mujeres, el Partido del Trabajo en el Senado impulsa la creación del Registro de Menores de Edad Huérfanos por Feminicidio, el cual estará a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
México no cuenta con un Registro Oficial y homologado a nivel nacional para conocer la cifra exacta sobre niños huérfanos derivado de un feminicidio, por lo cual solo hay cifra estimadas en esa materia.
Datos de INMUJERES de 2024 sugieren que más de 30,000 niños y niñas han quedado huérfanos por feminicidio desde 2015.
Otros datos aseveran que más de cinco mil niños y niñas quedaron huérfanos por feminicidios en el periodo de 2018 a 2021, lo que equivale a un promedio de casi seis menores por día.
A pesar de estas estimaciones, un reporte reciente (diciembre de 2025) señala que el Estado mexicano solo reconoce oficialmente a 238 niños y niñas como víctimas directas de feminicidio, lo cual ilustra la brecha entre las cifras reales y las reconocidas legalmente.
La bancada petista encabezada por Alberto Anaya, explicó que la Comisión Ejecutiva será la encargada de crear, administrar y mantener actualizado el registro, así como para asegurar la coordinación con las instituciones de procuración de justicia, sistemas estatales de atención a víctimas y demás autoridades competentes.
En el documento se detalla que el registro se integrará con información proveniente de ministerios públicos; tribunales y órganos jurisdiccionales; sistemas estatales de atención a víctimas; sistemas DIF federal y estatales; instituciones de salud o cualquier otra autoridad que, por sus funciones, tenga conocimiento de los hechos.
“Con ello, se construye una red de información sólida, evitando la dispersión que hoy caracteriza al tratamiento de estos casos”, detalla
La vice coordinadora del PT en el Senado, Geovanna Bañuelos destacó que los niños, niñas y adolescentes que han perdido a su madre por feminicidio han permanecido al margen de la estadística oficial, invisibles para las instituciones y expuestas a una cadena de vulneraciones que se prolonga mucho más allá del crimen que arrebató la vida de sus madres.
Con este registro de Menores que plantean—agregó-- se podrá identificar de manera inmediata a todos los menores afectados, y no quedará en un simple listado administrativo, ya que su incorporación al registro tendrá efectos automáticos y vinculantes.
El registro permitirá saber no solo cuántos menores existen en esta condición, sino cómo evoluciona su situación a lo largo del tiempo: si reciben apoyo emocional continuo, si permanecen en un entorno seguro, si continúan en la escuela y si sus derechos son restituidos.
Además, a nivel estructural, la creación del registro permitirá superar la actual fragmentación institucional. Esto significa que las fiscalías, los tribunales familiares, los DIF estatales, las procuradurías de protección y las instituciones de salud deberán trabajar de forma coordinada, compartiendo información y activando rutas conjuntas de atención.
“Desde el primer momento, el Estado estará obligado a reconocerlos como víctimas indirectas, activar medidas de ayuda y asistencia, garantizar una valoración psicosocial especializada, brindar acompañamiento jurídico y psicológico, y asegurar su integración prioritaria al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral”, especificó la legisladora.