Pese a las nuevas leyes y estrategia de seguridad, la extorsión en México se mantiene en ascenso y mantiene “de rodillas a los empresarios”, denunció la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien urgió al gobierno de Claudia Sheinbaum a considerarlo como un tema de prioridad nacional.
El sector patronal del país alertó que la extorsión se ha convertido en uno de los costos más persistentes y dañinos para la actividad empresarial en México.
Acusó que durante el 2025, la extorsión creció en 20 de las 32 entidades del país, lo que exhibe un problema que se expande a casi dos tercios del territorio nacional ante las fallas estructurales para contener este delito.
“A nivel estatal, la extorsión muestra una concentración crítica que evidencia fallas estructurales en la contención del delito. Cinco entidades —Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz— concentran 65.2% de las víctimas, mientras que solo en las 10 entidades con mayor número de víctimas se acumula el 81.0% del total nacional”, acusó el organismo presidido por Juan José Sierra
En comparación con 2015, el número anual de víctimas pasó de 6,223 a 11,081, lo que implica un aumento de casi 78.1% en 10 años, reflejando una tendencia sostenida que erosiona la actividad económica local.
“Al focalizar el análisis en la tasa de víctimas de extorsión por cada 100,000 habitantes y considerar únicamente los 20 municipios con los niveles más altos del país, se observa una fuerte concentración territorial: Guanajuato aporta 8 municipios a este grupo, la Ciudad de México concentra 4 y Nuevo León cuenta con 2”, expresó
Abundó, no se trata de un fenómeno aislado ni transitorio, sino de una presión constante que afecta decisiones de carácter inversión, encarece la operación cotidiana y limita la capacidad de crecimiento de las empresas, particularmente en determinadas regiones.
El balance de la última década confirma que el problema no es coyuntural, afirmó el organismo privado.
Esta disparidad confirma que la efectividad de las estrategias locales marca la diferencia y que la ausencia de acciones contundentes permite que la extorsión se expanda con rapidez.
“Desde la Coparmex sostenemos que estos datos obligan a colocar la extorsión como prioridad nacional de política pública”.
Si bien es relevante la aprobación de la Ley General para combatir este fenómeno, resulta indispensable que, con toda prioridad, los gobiernos locales constituyan las unidades especializadas en las Fiscalías Estatales para atender este grave delito.
Los empresarios demandaron fortalecer el Estado de Derechos, garantizar seguridad efectiva y combatir con inteligencia a los grupos que operan al margen de la ley es indispensable para proteger la inversión, preservar empleos formales y asegurar que las empresas puedan operar sin coerción.