CDMX — Sancionar con rigor a quienes hacen mal uso del presupuesto federal y estatal es indispensable para combatir la corrupción, fortalecer la rendición de cuentas, así como fortalecer la denuncia ciudadana, señaló el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.
El legislador morenista indicó que durante el segundo periodo ordinario de sesiones en la Cámara baja se deben desahogar dos iniciativas de reformas en favor de rendición de cuentas, toda vez que en marzo próximo debe relevarse al actual responsable de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Rogelio David Colmenares Páramo, cuya dependencia “desempeña un papel central en el sistema de fiscalización y rendición de cuentas en México, al ser el órgano encargado de revisar el uso de los recursos públicos federales y de contribuir al control democrático del gasto”.
Pese a ello, la actuación reciente de los funcionarios de la ASF revela la existencia de riesgos, debilidades y problemas estructurales.
“Una Auditoría Superior renovada y más eficiente fortalecerá la confianza de los contribuyentes, lo que, a su vez, permitirá incrementar la recaudación”, consideró uno de los vicecoordinadores de Morena en San Lázaro.
Expuso que la evidencia muestra una brecha significativa entre la identificación de sectores estratégicos y la proporción del presupuesto efectivamente auditado, así como omisiones relevantes en ámbitos de alta complejidad y riesgo, lo que plantea cuestionamientos sobre la capacidad real de la ASF para prevenir irregularidades, combatir la corrupción, fortalecer la rendición de cuentas y garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos públicos”.
“Es indispensable sancionar con rigor a quienes hacen mal uso del presupuesto federal y estatal. En 2022, por ejemplo, sólo 4.3% de las investigaciones por corrupción llegó ante un juez, lo que refleja que el trabajo de detección no siempre se traduce en sanciones efectivos”.
Ramírez Cuéllar apuntó que el actual modelo presenta fallas que obstaculizan una rendición de cuentas eficaz, que deriva en un déficit de participación ciudadana. Apuntó que el proceso de designación del titular se realiza sin mecanismos formales que involucren a la sociedad civil o la academia, lo que puede mermar la legitimidad y transparencia de la selección.
El diputado federal es enfático en que esa necesario reforzar el mecanismo de denuncia ciudadana vigente.
También se pronunció contra la concentración de decisiones estratégicas en la figura titular, que actualmente toma todas las decisiones clave (programa anual, reglamento interior, nombramientos de mando superior, emisión de normas y autorizaciones).
“Esta concentración reduce pluralidad técnica, eleva discrecionalidad y aumenta vulnerabilidad a presiones externas, con impacto directo en qué se audita, con qué profundidad y con qué criterios. Además, hay riesgo de captura y falta de renovación por reelección, por el incentivo potencial a la concentración de poder y a la perpetuación de intereses con una reelección, con efectos sobre independencia e imparcialidad.
“Y aunado a esto hay ausencia de reglas contra el nepotismo, considerando que el marco normativo actual no prohíbe explícitamente que el titular de la ASF tenga vínculos familiares con altos funcionarios de los tres poderes, lo que plantea riesgos severos de conflictos de interés”, abundó.
El legislador zacatecano reiteró que derivado del desempeño técnico de la institución se identifican procesos con vulnerabilidades específicas, que resultan críticas para sus labores de fiscalización, como la baja cobertura en sectores estratégicos (Pemex y Defensa Nacional, entre otros) o en las asociaciones con el sector privado, y la escasa atención a riesgos puntuales de corrupción (adquisiciones, obras públicas, entregas directas de recursos).
“Los actuales plazos son excesivos, pues actualmente los procesos de fiscalización toman casi dos años desde el inicio del ejercicio fiscal hasta el informe general, lo que retrasa la identificación y corrección de irregularidades”, puntualizó.
El líder parlamentario de Morena afirmó que “la Auditoría Superior opera con baja oportunidad, lo que debilita el efecto preventivo y correctivo, y favorece la normalización de observaciones que no detonan acciones inmediatas”.
Para Ramírez Cuéllar no hay de otra: el fortalecimiento de las sanciones es fundamental para disminuir la persistencia de irregularidades.
