La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno volvió a poner el foco en el incumplimiento de contratos públicos. Este 10 de febrero, la dependencia informó la inhabilitación de dos empresas proveedoras del Gobierno federal; Grupo Industrial Asad, S.A. de C.V. y Sistematización Itzcoatl, S.A. de C.V. luego de que en ambos casos se acumularan rescindieran contractos en distintos organismos públicos, en lapsos de tiempo que la ley considera sancionables.
Ambas compañías quedaron impedidas para participar, ya sea por sí mismas o a través de terceros, en cualquier procedimiento de contratación con la Administración Pública Federal durante al menos un año, además de que deberán pagar multas que, en conjunto, superan el millón y medio de pesos.
En el caso de Grupo Industrial Asad, la Secretaría detalló que la empresa acumuló la rescisión de cuatro contratos en un periodo de apenas cuatro meses y 20 días, todos relacionados con la adquisición consolidada de vestuario, uniformes, calzado y equipo de protección para el ejercicio fiscal 2024.
Los contratos habían sido firmados con distintas instituciones públicas como: Centros de Integración Juvenil, el Colegio de la Frontera Sur, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Conforme a la Ley, este patrón de resiciones constituye una falta que amerita sanción, por ello, la dependencia impuso a la empresa una multa de 791,980 pesos y una inhabilitación por un año y tres meses.
Para Sistematización Itzcoatl, la situación fue similar, aunque ocurrió en un plazo más amplio. La empresa enfrentó la rescisión de dos contratos en un periodo de 13 meses y 18 días. El primero había sido firmado con IMSS-Bienestar para la adquisición sectorizada de ropa quirúrgica y hospitalaria destinada al sector salud en 2023. El segundo, nuevamente con el Colegio de la Frontera Sur, para la compra consolidada de vestuario y equipo de protección correspondiente a 2024. En este caso, la sanción consistió en una multa de 701,468 pesos y la inhabilitación por un año.
Las notificaciones formales se realizaron el pasado 30 de enero y este 10 de febrero las sanciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Desde hoy, ambas empresas ya aparecen inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que bloquea automáticamente su acceso a nuevos contratos con el Gobierno de México.
La Secretaría señaló que las medidas se determinaron bajo criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta, y recordó que las empresas aún pueden impugnar las resoluciones por la vía legal correspondiente.