CDMX — México está en crisis por derechos humanos y ningún Estado puede denunciar los tratados suscritos por defensa la dignidad humana o los firmados por frontera, señaló la ministra Loretta Ortiz Ahlf, y dejó en claro que ante la legalidad y la justicia, los abogados están obligados al principio de la justicia, “siempre, siempre, siempre”.
Como coordinadora del libro “Comentarios a la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, en cuya publicación Víctor Manuel Miranda Leyva, al frente de su ponencia en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Ortiz Ahlf dejó en claro que ningún Estado puede denunciar estos tratados o instrumentos internacionales que se enfocan en la defensa de derechos humanos.
“Ningún Estado puede denunciar estos acuerdos de defensa de derechos o que defienden la dignidad humana[j1] , así como tampoco los suscritos en materia de frontera. Ningún Estado puede denunciar estos acuerdos sólo porque “’ya no me parece y porque se diga ya no estoy obligado’”, expuso.
Loretta Ortiz comentó que México está en crisis en garantizar la defensa de derechos humanos, cuando hasta se pretende aplicar “la pena de muerte”.
Al responder a la pregunta ¿Cómo puede una obra como la que hoy se presenta contribuir a que la Convención Americana no sea únicamente un referente internacional, sino una herramienta concreta para avanzar hacia una mayor justicia social?
Loretta Ortiz señaló que en el país se continúa con desigualdades estructurales, económicas y sociales que exigen respuestas jurídicas que atiendan los contextos reales en los que se ejercen los derechos.
“La justicia social exige instituciones capaces de identificar las brechas entre las personas y actuar para reducirlas. Y frente a la disyuntiva entre legalidad y justicia, debe prevalecer siempre, siempre, siempre, la justicia”.
Destacó que la Convención Americana no es sólo es un catálogo de derechos, sino un marco normativo que orienta a los Estados hacia la protección integral de la dignidad humana.
Ortiz Ahlf indicó que este instrumento tiene un carácter dinámico, que ofrece capacidad de dialogar con las transformaciones sociales y ofrece estándares que permiten interpretar los derechos de manera evolutiva y contextual.
Puntualizó que uno de los grandes desafíos contemporáneos consiste en traducir esos estándares en decisiones jurídicas concretas.
“Las personas no acuden a los tribunales buscando leyes o tratados. Acuden buscando soluciones frente a problemas que afectan su vida familiar, su trabajo, su salud o su proyecto de vida. La legitimidad de los derechos humanos depende, en buena medida, de su capacidad para ofrecer respuestas eficaces en esos espacios. La labor judicial exige claridad metodológica, rigor argumentativo y sensibilidad frente a las realidades sociales”, dijo.
México, en el umbral por el derecho al cuidado
La ministra Loretta Ortiz resaltó que México se encuentra en la discusión por reconocer el derecho al cuidado y al reconocimiento de las personas que dedican parte de su tiempo, no sólo a trabajar y atender otras actividades, sino también a cuidar de otros.
“Pensemos, por ejemplo, en aquellas situaciones en las que la carga desproporcionada de cuidados ha condicionado la autonomía económica, el acceso al empleo y la participación pública de muchas mujeres. Interpretar los derechos desde la Convención Americana permite visibilizar estas asimetrías, no como hechos aislados, sino como expresiones de desigualdades estructurales que requieren respuestas jurídicas integrales”, expuso.
Ortiz Ahlf destacó que reconocer esto implica la corresponsabilidad social en los cuidados y el deber del Estado de generar condiciones de igualdad sustantiva, y el derecho al cuidado evidencia que la justicia social no se agota en proclamaciones normativas, sino que se materializa cuando la interpretación judicial incorpora los contextos reales y adopta decisiones para incidir en las condiciones que reproducen exclusión.
[j1] O