Nacional

Durante foro por este derecho, legisladoras de Morena y de MC, así como funcionarias de la CDMX y activistas, repasaron cómo Guanajuato ha cargado contra mujeres, incluso víctimas de violación, y encarcelarlas

Piden diputadas a Corte estar atenta de que Guanajuato cumpla con adecuar su ley, y permitir el aborto

CDMX — Diputadas federales y funcionarias del Gobierno de la Ciudad de México, así como legisladores de Guanajuato, pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación estar atenta al, cumplimiento del plazo que fijó de 90 días para que el estado de Guanajuato, que gobierna el PAN, adecue su legislación y deje de criminalizar a las mujeres por su derecho al aborto.

Durante el foro en la Cámara de Diputados “Es tiempo de Mujeres : el aborto es un hecho y decidir nuestro derechos” se expuso que Guanajuato es un estado que ha violentado derechos humanos al criminalizar y encarcelar a las mujeres por abortar, como el caso de una mujer de edad de 29 años, pero mentalmente con edad de 9 años, que fue violada por un familiar y encarcelada por aborto.

La diputada morenista Anaís Miriam Burgos Hernández, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, señaló que Durante años las mujeres hemos enfrentado desinformación intencional, falta de voluntad política y “un conservadurismo” arraigado que ha buscado frenar los avances indispensables en materia de justicia social y salud pública.

La legisladora reconoció que muchas mujeres llegan a cargos públicos sin abanderar la defensa de acciones legales bajo la perspectiva de género, sin entender cómo las leyes impactan de forma diferenciada en la vida de las mujeres y de las personas gestantes, en el caso del derecho al aborto.

“Esta ausencia de perspectiva ha tenido consecuencias dolorosas: reformas a leyes de salud y educación detenidas en comisiones, iniciativas que no avanzan, códigos penales desactualizados, leyes de salud sin armonización, y estados donde los derechos siguen dependiendo más de decisiones políticas que de principios de justicia e igualdad”, dijo tras presentar a los asistentes al foro, como Dafne Cuevas, secretaria de las Mujeres de la CDMX; Nashely Ramírez Hernández, secretaria de la Contraloría de la Ciudad de México, y también María Dolores González Arabia Calderón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, en la capital del país.

Cambiar el sistema que pone a las mujeres como seres controlables y sin reconocimiento de sus capacidades

Entre los discursos por el derecho al abortar destacó la exposición de Lilian Abracinskas, senadora suplente del Frente Amplio de Uruguay, quien puntualizó que el derecho a decidir es un cambio cultural de los ´profundos, de los que se reconoce que las leyes, aunque son necesarias, no son suficientes.

“Gran parte de este debate es exponer cómo cambiar el sistema (político, social y legal), que históricamente ha puesto a las mujeres en el lugar de que somos seres tutelables, de seres controlables, como incapaces de tomar nuestras propias decisiones morales”, dijo al señalar que esto es un cambio que aún provoca movilizaciones.

En Uruguay, refirió, en sus calles, se lograron adhesiones de voces, pero el poder es el poder y leyes conquistadas fueron vetadas por gobiernos de izquierda y progresistas, lo que representó un “choque brutal” de la ideología.

“Y aunque existe ley en favor del aborto, desde 2013, ésta es en realidad restrictiva, porque hay objeciones, de conciencia, ideario, y de mujeres. A las mujeres migrantes no se les permite abortar, sino hasta después de un año de radicar en Uruguay, y comprobarlo. Hoy hay alrededor de 10 mil abortos legales, se estima. Y esta ley derivó en estigmas sociales, porque no hubo campañas, y se deben usar eufemismos por el derecho a abortar”, comentó, y señaló entonces que si el derecho a decidir sólo funciona para algunas, pues entonces no estamos todas.

Dafne Cuevas señaló que las mujeres siempre “hemos abortado”, pero siempre se marca por los contextos en que ocurre, por lo que se manifestó que las leyes deben prever todos los contextos para quitar esas acciones de criminalización.

Tendencias