La senadora tamaulipeca Olga Sosa Ruíz presentó ante el Pleno del Senado de la República una iniciativa con proyecto de decreto para sancionar de manera expresa el reclutamiento, captación y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de la delincuencia organizada, siendo un fenómeno que afecta a menores como grupo de riesgo identificado, garantizando su reconocimiento como víctimas de explotación criminal y la protección de su interés superior.
La legisladora morenista subrayó el exponer la urgencia de contar con un marco jurídico claro y contundente que castigue a quienes vulneran a la infancia. Argumentó que a través de la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación se han identificado un catálogo de conductas que requieren de un marco jurídico robusto que tipifique y castigue a los reclutadores, además de consolidar entornos seguros para la niñez.
El propósito humanista de la iniciativa es evitar el reclutamiento forzado y recordó que “el fortalecimiento de la seguridad pública, el respeto de los derechos humanos de los menores es y ha sido, una labor prioritaria del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.
La senadora explicó que, si bien existen tipos penales en materia de delitos contra la salud y agravantes cuando intervienen personas menores de edad, el Código Penal Federal no tipifica de manera expresa el fenómeno que describe, por ello, la iniciativa propone incorporar un inciso XVII al artículo 11 Bis del Código Penal Federal para tipificar expresamente el reclutamiento, captación, utilización o instrumentalización de niñas, niños y adolescentes para la comisión de delitos contra la salud, así como adicionar el artículo 201 Ter para establecer agravantes cuando la conducta se realice de forma reiterada, transnacional, posterior a un proceso de repatriación o con la participación de organizaciones delictivas.
De igual manera, el proyecto de decreto contempla armonizar el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para reconocer expresamente el reclutamiento y la utilización de personas menores de edad por grupos delictivos como una forma específica de violencia y explotación criminal, incluyendo su uso para el transporte, traslado o introducción de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias previstas en la legislación aplicable.