El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su sesión extraordinaria de este jueves, votó por unanimidad remover de sus funciones al Consejero presidente de Baja California Sur, Alejandro Palacios Espinosa, debido a que también desempeñaba funciones como docente en la Universidad Autónoma del estado, lo que implicaba descuidar sus tareas al frente del organismo.
Dado que esta actividad es considerada como incompatible con el cargo que desempeñaba de acuerdo al Reglamento del Instituto (trabajaba por proyecto académico a desarrollar), se consideró una falta grave que derivó en su remoción.
Quien también se encontraba en la cuerda floja para la sesión de este día, fue la Consejera presidenta de Oaxaca, Elizabeth Sánchez González, cuyo caso acaparó una amplia discusión entre los consejeros para justificar por qué no era procedente su remoción.
La consejera fue señalada en la acusación procedente de Oaxaca por presuntas irregularidades en adquisiciones como combustible, lubricantes y aditivos, mantenimiento de inmuebles y arrendamiento de transporte, pero que, explicaron los miembros del Consejo General, en realidad no alteran el proceso electoral aún cuando se tratase de faltas que sí ocurrieron pues impidieron el desarrollo de las actividades electorales del Instituto.
El proceso administrativo continúa en el estado, así que ni siquiera puede presuponer que la Consejera Presidenta sea responsable de lo que se le acusa.
Al atender este proyecto de remoción, lo más notorio fue algo que los críticos del nuevo INE ya habían anticipado: falta de capacidad técnica que incluso la consejera Claudia Zavala eludió claramente: ”ese es el problema de tener personas que no tienen la formación técnica”. Señaló que hay claridad, a partir de jurisprudencias, de qué le toca determinar al INE y qué le toca atender a instancias administrativas cuando se acusa a un consejero presidente de incompetencia.
Rita Bell López, la integrante del Consejo General del INE que realizó el proyecto, vio su proyecto de acuerdo sometido a múltiples críticas por deficiencias en su elaboración. Sólo la propia Rita votó a favor de su resolución.
La trascendencia del caso de Elizabeth Sánchez González es que ella fue la encargada del proceso de revocación de mandato del gobernador Salomón Jara, mismo que no obtuvo los resultados de aprobación que el mandatario estatal esperaba.