La Comisión Nacional Antimonopolio impuso multas cercanas a los 800 millones de pesos a empresas proveedoras de oxígeno medicinal por prácticas que limitaron la competencia en el sector salud. La medida alcanza a Praxair y a dos compañías de Grupo Infra, señaladas como actores clave en este mercado en distintas regiones del país.
Contratos exclusivos y renovaciones automáticas
De acuerdo con la resolución, las empresas incluyeron cláusulas de exclusividad en sus contratos con hospitales y clínicas privadas, lo que impedía a estos centros de salud contratar a otros proveedores. Estas condiciones, según la autoridad, cerraron el paso a nuevos competidores y redujeron las opciones para conseguir mejores precios o servicios.
La investigación también detectó que los contratos contemplaban renovaciones automáticas y penalizaciones si los clientes decidían terminar anticipadamente los acuerdos. Estas disposiciones aplicaban tanto para hospitales ya establecidos como para nuevos proyectos, lo que extendía el control de las empresas en el mercado.
Las prácticas se mantuvieron al menos entre 2010 y 2023, periodo que incluye los años de la pandemia de covid-19, cuando la demanda de oxígeno medicinal se disparó en el país.
Monopolio que afecta a los hospitales
La autoridad consideró que estas acciones impactaron directamente a hospitales, clínicas y pacientes, al tratarse de un insumo esencial para tratamientos médicos, especialmente en casos de enfermedades respiratorias.
Como parte de la sanción, se impuso a Grupo Infra una multa de 723 millones de pesos, mientras que Praxair deberá pagar 68 millones de pesos.
Además del castigo económico, se ordenó a las empresas eliminar las cláusulas de exclusividad en los contratos vigentes, evitar su uso en futuros acuerdos y dejar de aplicar esquemas de renovación automática.
También deberán nombrar a un oficial de cumplimiento y a un auditor independiente que vigile la aplicación de estas medidas y garantice que se respeten las reglas de competencia.
La Comisión señaló que el sector salud es prioritario, por lo que mantendrá vigilancia constante sobre este mercado para evitar afectaciones a los pacientes. Las empresas sancionadas aún pueden impugnar la resolución ante tribunales especializados.