El gobierno federal presentó los alcances de la nueva legislación en materia hídrica, la cual plantea un cambio estructural para asegurar el acceso equitativo al agua y erradicar prácticas de acaparamiento, especulación y uso ilegal que se consolidaron en administraciones pasadas. La reforma coloca en el centro el derecho humano al recurso y redefine el modelo de concesiones en el país.
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Durante la exposición, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, explicó que uno de los ejes principales es la eliminación de las transmisiones de concesiones entre particulares, mecanismo que —afirmó— dio origen a un “mercado negro del agua”. “Se trata de un cambio profundo que termina con un régimen de privilegios y da paso a un sistema que prioriza el derecho humano al agua”, sostuvo.
El funcionario detalló que, bajo el esquema anterior, concesiones originalmente destinadas al uso agrícola eran transferidas hacia actividades industriales, inmobiliarias o de servicios, generando ganancias millonarias. Como ejemplo, mencionó un caso en Zacatecas donde siete títulos de concesión se multiplicaron hasta convertirse en 50, lo que derivó en ingresos de hasta 54 millones de pesos para un particular.
La nueva normativa también busca frenar la especulación en acuíferos sobreexplotados. En regiones como Laguna de Hormigas, en Chihuahua, se detectaron concesiones sin infraestructura real, presuntamente otorgadas para su posterior comercialización. En este sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que este modelo impedía que usuarios legítimos accedieran al recurso, incluso cuando existía disponibilidad técnica.
En cuanto a los abusos documentados, autoridades señalaron casos como el de una familia vinculada al diputado federal Mario Calzada, en Querétaro, que utilizaba concesiones agrícolas —exentas de pago— para abastecer desarrollos inmobiliarios y comercializar agua en pipas, mientras comunidades cercanas carecían del suministro. Estas concesiones ya fueron retiradas y los aprovechamientos clausurados.
Asimismo, se reportaron perforaciones ilegales de pozos en Nayarit, donde el agua era vendida hasta en 5 mil pesos por pipa, así como tomas clandestinas en infraestructura hidráulica en Los Cabos, Baja California Sur, donde el recurso era desviado antes de llegar a la población.
Con la nueva ley, estas prácticas podrán ser sancionadas con mayor rigor. Se contemplan multas de hasta 3.5 millones de pesos, clausuras, cancelación de concesiones e incluso penas de prisión de hasta cinco años, fortaleciendo las facultades de la autoridad para combatir irregularidades.
En paralelo, el titular de Conagua informó sobre irregularidades detectadas en empresas, incluidas refresqueras y embotelladoras, relacionadas con acaparamiento, sobreexplotación y adeudos en el pago de derechos. En uno de los casos se identificaron pasivos por 234 millones de pesos, mientras que en otros se documentaron fallas en medidores, descargas no autorizadas y pagos incompletos.
En conjunto, la reforma busca poner fin a los privilegios en el uso del agua, cerrar espacios a la corrupción y garantizar que el recurso llegue a quienes realmente lo necesitan, bajo un esquema más justo y regulado.