CDMX — Apertura y cierre de gasolineras de manera irregular son vinculados con una red de conflicto de interés presuntamente creada desde la Dirección Cooperación Estratégica de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), pese al cese, el pasado 28 de febrero, de Karen Itzel Torres, quien se desempeñaba en esa unidad, de acuerdo con trabajadores.
A través de un comunicado circulado en diversas plataformas digitales, los trabajadores que denuncian en el anonimato, por temor a represalias, exponen que “cambios en la ASEA han comenzado a exhibir presuntas irregularidades en su estructura interna”.
Señalaron que el trabajo de Torres Cázares no destacó por un perfil técnico, sino por una “cercanía personal con Rodulfo de la Fuente Pérez, quien fue titular de la Unidad de Regulación”.
Las versiones vertidas apuntan a que la hoy exfuncionaria operaba presuntamente como enlace en la interlocución con empresas reguladas y que su papel rebasaba las tareas administrativas. “Participaba como filtro y negociadora en asuntos sensibles entre la autoridad y particulares”, advierten.
Los denunciantes destacan que la salida de Karla Itzel Torres Cázares fue formalizada mediante oficio con efectos al 28 de febrero de 2025, por instrucciones del anterior director Ejecutivo.
“Tras este cese en la ASEA comenzaron a circular nuevas denuncias y audios que involucran a personal relacionado con procesos de inspección y supervisión, irregularidades en la apertura y clausura de gasolineras, una de las funciones más delicadas dentro del ámbito de actuación de la agencia”.
Acusan que hoy desde la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia hay “influencia en movimientos internos, ascensos y decisiones operativas y figuran presuntos obstáculos al desarrollo laboral de mujeres y decisiones discrecionales en materia de promociones”.
Y el llamado es que las autoridades correspondientes se acerquen a investigar estas denuncias que no se han podido formalizar ante las instancias gubernamentales.
En tanto, la ASEA anunció el pasado jueves que presentará una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) “por la posible comisión de delitos ambientales relacionado” tras el derrame de hidrocarburos en costas de Veracruz y Tabasco, pese a que el gobierno federal ha informado que la situación está controlada sin afectaciones a la población.