CDMX — La omisión legislativa volvió a ser tema de la ministra Yasmín Esquivel, quien fue enfática en señalar que “la normativa vigente resulta indeterminada”, ya que no establece con precisión cuáles son las conductas que pueden dar lugar a imponer el congelamiento de cuentas como medida preventiva. Sin embargo, por mayoría de votos se avalaron facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En la sesión pública del pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Esquivel Mossa se pronunció en contra del proyecto que se resolvió en favor de la UIF para la aplicación del congelamiento de cuentas.
“Es indispensable que los gobernados conozcan con claridad los parámetros que permitan determinar quién puede ser sujeto de dicha medida preventiva”, expuso la ministra, quien puso al frente el principio ‘propersona’.
Yasmín Esquivel Mossa se pronunció en contra del proyecto al considerar que la normativa vigente resulta indeterminada, ya que no establece con precisión cuáles son las conductas que pueden dar lugar a una medida de tal impacto.
Enfatizó que, en un Estado democrático, toda acción orientada al combate al crimen debe encontrarse plenamente definida en la Constitución.
“Actualmente los jueces en materia penal están obligados a resolver de manera inmediata las solicitudes que presentan las autoridades encargadas de investigar delitos, por lo que exigir la intervención judicial previa no fomenta la impunidad, sino que fortalece el control constitucional de las medidas restrictivas, para evitar actividades con recursos de procedencia ilícita y el lavado de dinero”.
El tema se resolvió en favor del proyecto los ministros Irene Herrerías Guerra, Irving Espinoza Betanzo, María Esthela Ríos González, Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres y En contra, Loretta Ortiz Ahlf Guadarrama. En contra, junto con Esquivel Mossa, los ministros Arístides Guerrero García y Giovanni Figueroa Mejía.