Este lunes 6 de abril, durante sesión pública, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para ordenar el congelamiento de cuentas bancarias de personas que utilizan el sistema financiero.
Con mayoría de votos, el Pleno determinó que dicho organismo puede imponer esa medida sin necesidad de un procedimiento judicial previo.
De acuerdo con el abogado José Mario de la Garza, hasta el momento se analiza si la Unidad de Inteligencia Financiera federal puede revisar hasta 10 años del historial bancario de una persona sin la previa autorización de un juez, bajo el argumento de que la UIF no investiga delitos, solo “previene riesgos financieros”.
la SCJN aprueba a la UIF para congelar cuentas bancarias sin requerir orden judicial
La decisión de la SCJN de validar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin intervención del Ministerio Público, orden judicial previa ni solicitud expresa de una autoridad extranjera surgió al resolver por separado la acción de inconstitucionalidad y dos amparos, uno de ellos ligado al presunto soborno del exnarcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada.
Los ministros que votarón a favor: Herrerías Guerra, Espinoza Betanzo, Ríos González, Aguilar Ortiz, Batres Guadarrama y Ortiz Ahlf votaron a favor; en contra, la ministra Esquivel Mossa y los ministros Guerrero García y Figueroa Mejía concluyeron que el congelamiento de cuentas no es una medida de sanción penal, sino una medida cautelar de naturaleza administrativa y preventiva, destinada a proteger el sistema financiero nacional, por lo que se le otorgó la facultad a la UIF de realizar el congelamiento directo de cuentas sin intervención de otras instancias públicas.
Congelar cuentas sin orden judicial “es indeterminada”, expresa La Ministra Yasmín Esquivel
Por su parte, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, una de las tres funcionarias que votaron en contra del proyecto, se opuso a la decisión al considerar que la normativa vigente resulta indeterminada, “ya que no establece con precisión cuáles son las conductas que pueden dar lugar a una medida de tal impacto”, expresó la exmagistrada en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
Esquivel señaló que “actualmente los jueces en materia penal están obligados a resolver de manera inmediata las solicitudes que presentan las autoridades encargadas de investigar delitos, por lo que exigir la intervención judicial previa no fomenta la impunidad, sino que fortalece el control constitucional de las medidas restrictivas, para evitar actividades con recursos de procedencia ilícita y el lavado de dinero” expreso la funcionaria.