En medio de la polémica por la solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa, el exembajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukán afirmó que Estados Unidos sí se ciñó puntualmente a las disposiciones del Tratado de Extradición bilateral al solicitar la detención provisional del gobernador ahora con licencia de Sinaloa y otros 9 coacusados, entre ellos el senador Enrique Insunza, y advirtió que cualquier procedimiento para ganar tiempo por parte del gobierno mexicano “olerá en Washington” a blindaje a favor de los acusados.
“Cualquier procedimiento que se improvise y se cocine olerá -tanto en México como acá en Washington- más a blindaje de los acusados que a una auténtica voluntad de cooperación bilateral en materia de procuración -o impartición en México- de justicia”, advirtió.
El exembajador aseveró que negar ahora la detención provisional alegando que no hay bases ni pruebas delata dos cosas: desconocimiento de cómo funcionan las instituciones en EU o bien que se busca comprar tiempo y neutralizar el proceso formal lo más posible con las consecuencias que ello acarrea.
Sarukán detalló que en esta etapa procesal, la parte requirente, es decir, Estados Unidos, no está obligada a presentar pruebas, pues dispone de 60 días para formalizar la solicitud y acompañar el expediente probatorio, amén de que seguramente, después del antecedente del caso del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, es natural que haya desconfianza del gobierno estadounidense para entregar pruebas.
“La percepción en Washington, con la primera Administración Trump, de que en su momento se le dio carpetazo en la Ciudad de México a los documentos que EU entregó al gobierno lopezobradorista, sobre Cienfuegos, hoy hay poca confianza y apetito en el Departamento de Justicia para compartir a autoridades mexicanas todas las pruebas del caso, que además procedimentalmente se resguardan hasta no haber iniciado como tal el juicio”, detalló.
Luego de las críticas de un sector del gobierno federal en el sentido de que se violentó el tratado de extradición, el exembajador realizó una explicación sobre el procedimiento y los alcances de ese instrumento bilateral.
Recalcó que Estados Unidos no violó el debido proceso como alega el gobierno mexicano al difundir una parte de la argumentación para solicitar la detención de esos personajes, pues no se trató de una “filtración”, por más que lo sostengan así desde dependencias e instancias del gobierno federal mexicano”.
Pretender negar ahora la detención provisional alegando que no hay bases para argumentar que aquella “es urgente” y que la petición proviene de “una oficina en Nueva York”, delata una de dos cosas:
a) desconocimiento de cómo funcionan las instituciones en EU y en la propia asesoría jurídica que se ha brindado al Ejecutivo mexicano en la materia.
b) Que se busca comprar tiempo y neutralizar el proceso formal lo más posible (con las consecuencias que ello acarreará con esta administración estadounidense a la que le sobran excusas para justificar e instrumentar acciones unilaterales). Quizá ambas”, expresó.
Consideró que el argumento de “violación a la soberanía” de México es jurídicamente -y retóricamente- improcedente, pues México ratificó en 1980 el tratado vigente con EU -y en 1997 firmó su Protocolo Adicional, posteriormente ratificado por el Senado mexicano y en vigor desde 2001- en ejercicio pleno de su soberanía.
Por ello —agregó—, México está obligado a cumplirlo, ya sea extraditando o abriendo un proceso judicial propio que debió haberse iniciado ya en tiempo y forma.
Eso sin contar las contradicciones y el doble rasero entre cómo operó México el “cajuelazo” de las tres entregas/rendiciones —en febrero y agosto de 2025 y en enero de 2026— de cerca de 90 narcotraficantes buscados por EU, y los argumentos articulados ahora para cuestionar la solicitud formal estadounidense vía un tratado vigente y aplicable para ambas partes, dijo.