El lenguaje es mucho más que un mero instrumento para la descripción y la transmisión de mensajes. Se ha pensado así desde la discusión de Sócrates con Gorgias y Cratilo, hasta Benjamin y Wittgenstein en el siglo XX y hasta las discusiones contemporáneas sobre la filosofía del lenguaje en lo que va del siglo XXI. En realidad, el Lenguaje (con mayúscula), es una compleja estructura que nos permite nombrar, organizar, crear y recrear la realidad. Nombrar no sólo designa a la cosa nombrada; esta acción humana fundamental, al referir la realidad, produce efectos. En ese umbral nos encontramos hoy.
La decisión de los Estados Unidos de clasificar a los cárteles mexicanos y de otros países como organizaciones “narcoterroristas” constituye mucho más que un acto policiaco, o una estrategia más dentro del repertorio de su política de seguridad hemisférica y nacional. Es, más profundamente, una operación de reinscripción en clave histórica: el crimen organizado ha sido desplazado desde el campo de la economía ilícita y agendas de política criminal, hacia el territorio de la guerra.
Este desplazamiento no es trivial. Durante décadas, el narcotráfico fue comprendido -al menos formalmente- como un fenómeno criminal susceptible de ser combatido mediante instrumentos policiales, judiciales y, en ciertos casos, casi siempre acotados a circunstancias específicas, militares. Sin embargo, al ser reconfigurado bajo la categoría de terrorismo, el narcotráfico es absorbido por una lógica distinta: la del enemigo absoluto. El terrorista no es un infractor; es una amenaza estructural e incluso existencial para el Estado. No se le persigue únicamente por lo que hace, sino por lo que representa desde la teoría política y militar del Enemigo.
Desde esta perspectiva, la nueva doctrina hemisférica impulsada por Washington -articulada en torno a la posibilidad de intervenciones extraterritoriales, la coordinación militar continental y la expansión de los dispositivos de inteligencia- debería interpretarse como la manifestación visible de un reordenamiento más amplio del sistema internacional. Se trata de un momento en el que la distinción entre guerra y acción policiaca se difumina, y en el que la violencia estatal adquiere una nueva legitimidad bajo el signo de la seguridad global y la defensa explicita de la seguridad del Estado.
De este modo, en el espacio que el Estado redefine campo de batalla, los actores criminales no permanecen inmóviles. Al respecto, la criminología reconoce que las organizaciones criminales transnacionales operan como sujetos estratégicos. Interpretan, calculan, anticipan. Leen el mundo con una lucidez que, en ocasiones, desborda la capacidad analítica de las propias estructuras institucionales, nacionales y multinacionales, que buscan combatirlas.
Una pregunta decisiva, entonces, no es qué pretende hacer el Estado contemporáneo con esta nueva designación de los cárteles como grupos terroristas, sino cómo la están leyendo quienes se encuentran en el otro lado de la ecuación.
Para los grandes cárteles mexicanos -estructuras que durante años han operado en múltiples continentes, articulando redes logísticas, financieras y políticas de extraordinaria complejidad- la etiqueta de “narcoterrorismo” constituye, paradójicamente, un reconocimiento. En la economía simbólica del poder, ser nombrado como enemigo global implica haber alcanzado una escala de relevancia que trasciende el ámbito local o regional. En el imaginario delincuencial, los cárteles dejan de ser sinónimo de clandestinidad periférica para convertirse en actores estructurales de la realidad nacional con alcance operativo y algún nivel de influencia e incidencia global.
Frente a este “reconocimiento”, las organizaciones criminales parecen comprender que la nueva categorización abre la puerta a una intensificación sin precedentes de la presión militar, financiera y tecnológica. La inclusión en listas de terrorismo implica la posibilidad de congelamiento de activos a escala global, la persecución extraterritorial y la ampliación de las capacidades de vigilancia. En otras palabras, el costo de la visibilidad se incrementa de manera exponencial.
En ese sentido, su respuesta, desde una lógica estrictamente estratégica, no puede ser otra que su destrucción o su transformación. Lo que comienza a observarse -y que probablemente se intensificará en los próximos años- es un proceso de mutación organizativa que podría describirse como la transición desde el modelo de cártel hacia un modelo de red distribuida. Las estructuras jerárquicas, altamente identificables y dependientes de liderazgos visibles, se convierten en vulnerabilidades. Frente a ello, emerge una lógica de fragmentación controlada: células autónomas, nodos operativos descentralizados, tercerización de actividades y alianzas flexibles, que parecieran tener en el CNG un experimento que tiene peligrosamente una alta posibilidad de replicabilidad en otras latitudes.
En términos de lo que puede leerse desde la criminología ambiental, se trata de una estrategia de difusión del riesgo. Cuando la presión se concentra sobre ciertos objetivos, el sistema en su conjunto se reconfigura para dispersar la amenaza. Como consecuencia el resultado no es la desaparición del fenómeno, sino su multiplicación en formas más difusas y, por ello, más difíciles de combatir. Así, el golpe a las grandes organizaciones del narcotráfico difícilmente las erradicará, y antes bien, parece estar acelerando su mutación hacia un entramado más complejo, más adaptable y menos visible.
En esa lógica, esta transformación no puede entenderse sin considerar la dimensión global del fenómeno. El tráfico de estupefacientes no es una actividad aislada; está profundamente entrelazado con otras economías ilícitas, particularmente el tráfico de armas. Diversas investigaciones han documentado que varias de las redes que transportan drogas facilitan el flujo de armamento o incluso lo desarrollan, generando un circuito en el que la violencia se reproduce a sí misma. Esto puede observarse claramente en el flujo de armas ilegales de los EEUU hacia México, y la capacidad de fuego, logística y equipamiento que han logrado los grupos criminales.
En este contexto, la presión militar sobre los cárteles mexicanos tiene efectos que trascienden las fronteras nacionales. Las rutas tradicionales -especialmente aquellas que conectan México y Centro América y El Caribe con Estados Unidos- se vuelven más riesgosas, lo que incentiva la diversificación geográfica. África occidental, Europa del Este, el sudeste asiático y ciertas regiones de América del Sur emergen probablemente como espacios de reconfiguración.
Aquí adquiere relevancia un elemento particularmente delicado: la relación entre el crimen organizado y ciertos Estados o actores estatales. Las recientes intervenciones de os EEUU en países como Irán o Venezuela, señalados como facilitadores o financiadores de redes ilícitas y de organizaciones terroristas y narcoterroristas, deben ser leídas, sí como parte de una disputa geopolítica, pero también como indicios de la existencia de zonas grises donde la distinción entre lo estatal y lo criminal se vuelve difusa.
El caso venezolano es ilustrativo. A pesar de la detención y extracción de Nicolás Maduro -un Jefe de Estado en funciones- bajo las acusaciones de ser el principal dirigente del denominado “Cártel de los Soles”, la estructura estatal en aquel país no sólo ha persistido, sino que fue declarada abiertamente nueva aliada de os intereses norteamericanos. Esto sugiere que las redes criminales no dependen exclusivamente de individuos o liderazgos, sino de entramados institucionales, logísticos y financieros que pueden adaptarse a cambios políticos sin perder funcionalidad.
Desde la perspectiva de los grupos criminales mexicanos, esta experiencia ofrece una lección estratégica fundamental: la resiliencia de los grupos criminales no radica solo en la estabilidad y operatividad de sus estructuras internas, sino probablemente en su capacidad de reconfiguración. Los contactos pueden cambiar, las rutas pueden modificarse, los intermediarios pueden sustituirse; pero lo que permanece es la lógica de acumulación y circulación de los recursos y mercancías que controlan.
En este punto, resulta inevitable plantear la pregunta por los ganadores y perdedores de esta nueva fase. La historia de la criminalidad organizada sugiere que los procesos de intensificación represiva tienden a generar efectos selectivos. Por una parte, pierden en primer lugar, las organizaciones más visibles, aquellas cuya estructura y operaciones las hacen fácilmente identificables. Pierden también los actores que dependen de rutas rígidas y mercados altamente concentrados. Pierden sus aliados políticos quienes, ante la pérdida de su carácter funcional, son defenestrados y en ocasiones capturados y procesados, e incluso, en los extremos, asesinados. En efecto, la visibilidad, que en algún momento pudo ser una fuente de poder, se convierte en una carga y en un elemento que era abiertamente en su contra.
Por otro lado, ganan los grupos más flexibles, aquellos capaces de operar en la sombra, de adaptarse rápidamente a cambios en el entorno y de establecer alianzas oportunistas. Ganan también los intermediarios invisibles: operadores financieros, corredores logísticos, actores que no participan directamente en la generación de violencia, pero que hacen posible su funcionamiento y reproducción.
Más complejo aún es el fortalecimiento de estructuras híbridas, en las que lo criminal y lo político se entrelazan. En estos espacios, la capacidad de operar no depende únicamente de la fuerza, sino de la inserción en redes institucionales, de la captura de segmentos del aparato estatal, de su capacidad de control territorial y de la construcción de legitimidades locales. La guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado en general, en este sentido, no sólo opera en una especie de “selección natural” respecto de los grupos considerados como los más fuertes, sino que incluso redefine lo que significa ser fuerte.
Desde esta perspectiva, quizás el aspecto más perturbador de esta transformación reside en sus implicaciones para la democracia. Durante años, múltiples investigaciones han documentado la penetración del crimen organizado en procesos políticos: financiamiento de campañas, cooptación de autoridades, control territorial de comunidades y regiones enteras; y si bien es cierto que este fenómeno no es exclusivo de México, en nuestro contexto y en nuestro momento, adquiere una densidad particular.
Debe considerarse que la nueva fase inaugurada con el segundo mandato de Donald Trump, marcada por la retórica de combate al narcoterrorismo, puede profundizar estas dinámicas en al menos tres direcciones.
En primer lugar, la intensificación de la violencia y la percepción generalizada respecto de amenaza que los grupos criminales representan en contra de la sociedad y de las instituciones estatales, pueden justificar procesos de militarización que, si bien en el discurso se legitimarían para “restaurar el orden”, en el fondo terminarían erosionando las bases mismas de la vida democrática. La expansión de las facultades de vigilancia, la restricción de libertades y la normalización de la excepción generarían un terreno en el que la democracia se haría cada vez más frágil, si no es que inexistente.
En segundo lugar, la presión externa puede reconfigurar las formas de corrupción. Los mecanismos tradicionales -basados en sobornos directos o acuerdos explícitos- pueden ser sustituidos por esquemas más sofisticados: financiamiento indirecto, uso de intermediarios, infiltración en cadenas logísticas y tecnológicas; así como penetración en sectores formales de la economía, que pueden ir desde la construcción y la prestación de servicios, hasta nuevas formas de interacción financiera a través de mecanismos bancarios o mediante instrumentos como las casas de cambio y las denominadas FinTech.
Finalmente, la narrativa del narcoterrorismo puede erosionar la legitimidad institucional, pues cuando los actores políticos están vinculados con organizaciones criminales, la confianza ciudadana se deteriora. Y sin confianza, la democracia se vacía de contenido.
En este escenario, el riesgo se expresa tanto en la captura del Estado por el crimen, como en la descomposición y la imposibilidad de vínculos entre sociedad e instituciones colonizadas, cooptadas o definitivamente usurpadas por los poderes fácticos.
Lo que se perfila, entonces, de manera más que preocupante, no necesariamente el fin del narcotráfico y del crimen organizado, sino su fin tal como lo conocidos hasta ahora y la entrada en un proceso complejo de su metamorfosis; un proceso que responde tanto a la presión externa como a la lógica interna de las organizaciones criminales. Una metamorfosis que desplaza el centro de gravedad desde las estructuras visibles hacia redes difusas, desde la violencia espectacular hacia la operación silenciosa, y desde el control territorial hacia la gestión de flujos globales.
En este nuevo paisaje del horror, la criminalidad organizada podría adoptar formas que hoy apenas comenzamos a vislumbrar: integración con economías digitales, uso intensivo de tecnologías financieras emergentes, expansión hacia mercados ilícitos no tradicionales, articulación con actores políticos en múltiples niveles. Por ello, la pregunta no es solo si estas organizaciones sobrevivirán a la ofensiva actual, sino y sobre todo, en qué podrían convertirse si no se logra el objetivo explícitamente planteado, que es su eventual erradicación o aniquilación.
Puede decirse, desde una postura realista, que toda estrategia de seguridad es también una forma de producción de violencia. En esa medida, debe comprenderse que la designación de los cárteles como narcoterroristas difícilmente va a erradicar la violencia criminal; antes bien, lo que puede anticiparse es que habrá de reconfigurarla, la redistribuirla y, en el peor escenario, intensificarla en ciertos puntos, mientras la invisibilizaría en otros.
El peligro ate el cual nos enfrentamos reside en confundir el cambio de forma con la desaparición del fenómeno. En creer que, al nombrar al enemigo, se le ha comprendido. Tal vez, en el fondo, el crimen organizado no sea un accidente del sistema, sino una de sus expresiones y elementos constitutivos más radicales. Un espejo en el que se reflejan, deformadas, pero reconocibles, las lógicas de acumulación, de poder y de violencia que atraviesan el orden global.
Si esto es así, la guerra contra el narcotráfico no puede ser sino una guerra contra una parte de nosotros mismos. Y en esa guerra, como en todas, el riesgo no es únicamente perder, sino el no saber qué se está ganando.
Considerando todo lo anterior, es urgente entonces considerar que, si la violencia es el lenguaje visible del crimen organizado, las finanzas y las operaciones de blanqueo son su gramática silenciosa. Toda organización criminal que aspire a perdurar más allá de la contingencia necesita resolver un problema estructural: cómo transformar flujos ilícitos en riqueza utilizable sin ser detectada o legalmente contenida. Esta operación -el lavado y banqueo de dinero- ha dejado de ser, desde hace ya muchos años, una fase posterior del delito para convertirse en el núcleo organizador de las organizaciones y corporaciones criminales.
En la mencionada nueva fase, inaugurada por su designación de “narcoterrorismo”, este núcleo adquiere una centralidad aún mayor. La presión militar y policial puede fragmentar rutas, desarticular células, incluso neutralizar liderazgos. Pero si los circuitos financieros permanecen intactos, o, más aún, si logran adaptarse y convertirse en elementos estructurales del sistema económico y financiero global, las organizaciones no habrán de desaparecer, sino que lo probable es que habrán de replegarse, reconfigurarse y esperar a que el caos coyuntural regrese a causes y condiciones transitabes.
En este sentido, lo que estamos presenciando es una transición desde modelos tradicionales de lavado -basados en dinero en efectivo, negocios fachada y complicidad bancaria local-, hacia arquitecturas financieras transnacionales de alta sofisticación; y debe entenderse que no es que los primeros desaparezcan, sino que son complementados a través de los nuevos recursos a disposición de los grupos delincuenciales.
Estas arquitecturas operan en múltiples niveles:
- Sistema financiero formal, mediante el uso de empresas pantalla, comercio internacional simulado y manipulación de precios de transferencia.
- Circuitos informales, como el hawala o sistemas equivalentes en América Latina, que permiten transferencias sin movimiento físico de dinero.
- Plataformas digitales y criptomonedas, que introducen una nueva dimensión de anonimato, velocidad y deslocalización.
Es en este tercer nivel donde se está produciendo una acelerada transformación cualitativa. Las criptomonedas no son simplemente una herramienta más dentro del repertorio criminal; constituyen una alteración en la “ontología” misma del dinero. Al desprender el valor de su soporte material y de su anclaje territorial, las criptodivisas permiten una circulación que desafía los mecanismos tradicionales de control estatal. No se trata sólo de anonimato, sino de desintermediación radical.
Para los grupos criminales mexicanos, esto abre varias posibilidades estratégicas:
- Diversificación del almacenamiento de valor: evitar la acumulación en efectivo o activos fácilmente rastreables.
- Transferencias transfronterizas inmediatas, sin necesidad de intermediarios bancarios.
- Uso de mezcladores (mixers) y protocolos de privacidad para dificultar la trazabilidad.
- Conversión en economías digitales emergentes, incluyendo mercados en la dark web.
Sin embargo, esta transición no es absoluta ni homogénea. La evidencia disponible sugiere que el crimen organizado opera bajo un modelo híbrido: combina tecnologías avanzadas con prácticas tradicionales. El efectivo sigue siendo fundamental en economías locales; las criptomonedas, en cambio, se utilizan para operaciones específicas de alto valor o riesgo.
Más interesante aún es la posible articulación entre estas tecnologías y actores estatales o paraestatales en contextos de sanciones internacionales. Países excluidos del sistema financiero global pueden encontrar en las criptomonedas un canal alternativo de intercambio, lo que abre la puerta a nuevas alianzas entre crimen organizado y estructuras estatales marginadas.
En este punto, el narcotráfico se convierte en un componente de economías políticas paralelas. El dinero ya no fluye simplemente hacia arriba, hacia centros financieros globales; circula lateralmente, construyendo circuitos autónomos que erosionan la centralidad del sistema financiero tradicional. Todo ello plantea cuestiones inéditas en la economía moderna, pues lo esencialmente problemático no es sólo cómo se lava el dinero, sino dónde se produce el valor en estas economías clandestinas, fenómeno que impone nuevos retos analíticos y quizá hasta epistemológicos a las y los economistas.
Es importante subrayar que, si las finanzas constituyen la dimensión invisible del crimen, el territorio sigue siendo su condición de posibilidad. Ninguna organización criminal opera en el vacío: requiere intervenir espacios, rutas, nodos logísticos, comunidades. Frente a ello, la criminología ambiental ofrece herramientas particularmente fecundas para comprender la reconfiguración actual.
A diferencia de enfoques centrados en el individuo o en la estructura social, la criminología ambiental pone el énfasis en la relación entre delito, espacio y oportunidad. Teorías como la de las actividades rutinarias o el análisis de “hot spots” permiten observar cómo la criminalidad se concentra en ciertos lugares y momentos, en función de la convergencia entre motivación, oportunidad y ausencia de control.
Aplicada al caso mexicano, esta perspectiva revela que el narcotráfico no es un fenómeno homogéneo, sino una geografía compleja de nodos y corredores. Puertos como Manzanillo o Lázaro Cárdenas, fronteras como Tijuana o Ciudad Juárez; zonas productoras de cultivos para la producción de drogas o la operación de laboratorios clandestinos a lo largo de la Sierra Madre, corredores logísticos hacia el Golfo o el Pacífico; enclaves productivos exportadores como Jalisco, Guanajuato y Michoacán; cada uno de estos espacios cumple funciones específicas dentro de la cadena criminal.
En ese sentido, si bien la nueva avanzada norteamericana puede alterar esta geografía, no necesariamente podrá eliminarla por completo. Por el contrario, lo que parece que podría configurarse es una redistribución de las oportunidades delictivas.
Pueden, en ese sentido, identificarse al menos tres dinámicas emergentes:
1. Desplazamiento espacial. Cuando la presión aumenta en un punto -por ejemplo, en una ruta tradicional hacia Estados Unidos- las organizaciones buscan alternativas. Esto puede implicar el uso de nuevas rutas marítimas, el fortalecimiento de corredores hacia Centroamérica o la diversificación hacia mercados europeos y asiáticos. Este fenómeno, conocido como “efecto globo”, desplaza la producción y distribución, así como el volumen de los flujos ilícitos.
2. Reconfiguración de “hot spots”. Las zonas de alta concentración delictiva pueden fragmentarse o desplazarse hacia áreas menos vigiladas. Municipios previamente marginales podrían adquirir relevancia estratégica, mientras que otros perderían centralidad en la geografía de la criminalidad. Esto plantea un desafío crítico para la política pública: la intervención focalizada puede tener efectos no deseados si no considera la capacidad adaptativa del sistema criminal.
3. Captura del entorno social. Más allá del control territorial en sentido estricto, lo que muchas organizaciones buscan es la gestión del entorno: establecer condiciones de operación favorables mediante una cooptación “más discreta” y silenciosa de autoridades locales, la generación de economías dependientes y la construcción de legitimidad social a través del establecimiento, por ejemplo, de condiciones ara una pax narca.
Epílogo provisional: la opacidad como horizonte
En la tradición benjaminiana, la historia no avanza de manera lineal; se condensa en imágenes dialécticas que iluminan el presente. Desde una perspectiva como esta, la imagen que se perfila en este momento es la de un sistema criminal que se vuelve cada vez más opaco, no en el sentido de lo que es invisible, sino en el de lo irreductible a las categorías con las que intentamos comprenderlo.
El crimen organizado dejo de ser hace mucho tiempo sólo tráfico de drogas y estupefacientes. Por el contrario, se ha constituido en una red de producción de valor, una estructura de poder territorial, un actor económico, político y criminal en el sistema internacional, así como un laboratorio de innovación financiera. Combatirlo con categorías heredadas de las doctrinas de seguridad pública tradicionales del siglo XX, puede ser tan ineficaz como intentar describir, en el contexto del cambio climático, una tormenta con el lenguaje de la calma.
En última instancia, es un hecho que los Estados contemporáneos enfrentan un desafío que va mucho más allá de lo operativo y se sitúa incluso en el terreno de lo epistemológico. En efecto, explicar y sobre todo, comprender la metamorfosis del crimen exige transformar también, y e primerísimo lugar, nuestras herramientas de pensamiento. De lo contrario, corremos el riesgo de seguir nombrando un fenómeno que ya no existe, mientras otro -más complejo, más difuso, más poderoso- se despliega ante nosotros.
Investigador del PUED-UNAM
La Crónica de Hoy 2026