El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha dado un paso inédito, al acusar formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico y colaboración con el Cártel de Sinaloa. Se trata de una decisión sin precedentes.
Más allá del desenlace judicial, esta acción envía un poderoso mensaje político en el que Estados Unidos anuncia su intención de actuar de manera unilateral cuando considere que la corrupción en México impacta su seguridad nacional.
Lo de Rocha Moya no es un hecho aislado, forma parte de toda una estrategia del gobierno de Estados Unidos para llevar a la justicia norteamericana a figuras del ambiente político en México. En este sentido, también se investiga desde el otro lado de la frontera, el mayor esquema de defraudación en la historia moderna de México, que terminó impactando a EU al ser utilizado por los cárteles como método de financiamiento. Se trata del huachicol fiscal, negocio que representa un desfalco de 600 mil millones de pesos.
La captura en Argentina del contralmirante Fernando Farías Laguna, cierra parcialmente el círculo de quienes operaron el contrabando de hidrocarburos desde Houston hacia puertos mexicanos. Sin embargo, el caso ya rebasó la dimensión de un fraude fiscal. Hoy se perfila como una red de complicidades donde convergen intereses empresariales de ambos países, omisiones institucionales y estructuras del crimen organizado.
El esquema abarca importaciones simuladas, documentos falsificados y empresas fachada que han permitido introducir combustibles sin pagar impuestos. No sólo se trató de un golpe a las finanzas públicas, sino de una distorsión profunda del mercado energético en México y Estados Unidos.
Por esta razón las agencias estadounidenses ya investigan estas redes de contrabando de hidrocarburos que operan entre Houston y México. Se habla de la posible colaboración de Farías Laguna como testigo protegido en Estados Unidos, lo que abriría un escenario donde la información proporcionada podría vincular operaciones financieras, rutas logísticas y nombres de alto nivel en ambos lados de la frontera.
Y es que agencias como la DEA saben de la participación de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación en el negocio del combustible, lo que confirma que el huachicol dejó de ser un delito marginal.
Al igual que en México, en EU también hay grupos de poder que han logrado penetrar las estructuras de gobierno. El tráfico ilegal de armas que llegan a México desde EU, representa un negocio millonario para mafias de aquel país, a las que no ha querido enfrentar la administración de Donald Trump.
Lo sucedido la semana pasada con los políticos de Sinaloa marca el inicio de una doctrina más agresiva, con la aplicación de justicia extraterritorial sobre actores políticos cuando existan indicios de colusión con el crimen organizado. Es, en los hechos, un aviso para toda la clase política mexicana.
Todo esto se da en la antesala de la revisión del T-MEC, lo que introduce un nuevo factor de presión. México llega a esa negociación debilitado estructuralmente, con la percepción cada vez más documentada, de que la corrupción se encuentra instalada en los más altos niveles del gobierno.
@fer_martinezg