Los programas sociales del Gobierno federal podrían convertirse en un apoyo clave para miles de familias mexicanas ante una posible disminución en el envío de remesas desde Estados Unidos, luego de las nuevas medidas impulsadas por el presidente Donald Trump para reforzar la supervisión financiera sobre migrantes en situación irregular.
Mayor monitoreo a remesas
La orden ejecutiva firmada por Trump busca, según sus palabras “restaurar la integridad del sistema financiero” estadounidense mediante un mayor monitoreo de transferencias internacionales de bajo monto, lo que incluye las remesas, esto bajo el argumento de combatir delitos como lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas y financiamiento ilícito.
Aunque el Gobierno mexicano aseguró que aún analiza el alcance real de la medida, especialistas advirtieron que podría generar efectos económicos importantes en regiones altamente dependientes de estos ingresos.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que hasta el momento no se percibe “un gran riesgo” para el flujo de remesas, aunque reconoció que las autoridades continúan evaluando las implicaciones de la orden ejecutiva estadounidense.
La economista Gabriela Siller explicó que el endurecimiento de controles podría provocar inicialmente un aumento temporal en el envío de remesas entre junio y agosto, debido a que muchos migrantes buscarían adelantar transferencias antes de la entrada en vigor total de las nuevas disposiciones.
Sin embargo, posteriormente podría registrarse una caída de entre 10% y 20% en las remesas si los migrantes en situación irregular optan por dejar de utilizar canales financieros formales por temor a posibles detenciones o deportaciones.
El impacto de las remesas
La especialista recordó que las remesas representan cerca del 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y aproximadamente el 5% del consumo en México, por lo que una reducción significativa tendría impacto directo en la economía de miles de hogares.
De acuerdo con las estimaciones, una caída del 20% en remesas podría restar hasta 0.7 puntos porcentuales al PIB anual mexicano y desacelerar el crecimiento económico de 2026.
El impacto sería especialmente fuerte en entidades donde las remesas representan una parte importante de la economía local, como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Oaxaca.
En este contexto, el Gobierno federal destacó la importancia de programas sociales como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y las becas educativas.
Programas sociales, paliativo para amortiguar el problema
Por su parte, Iván Hernández Díaz , delegado federal de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México, sostuvo que los programas sociales impulsados por el Gobierno federal pueden funcionar como un “paliativo” para amortiguar una eventual reducción en el envío de dinero desde el extranjero. “Estos apoyos sí pueden paliar la dependencia de otros recursos como remesas y ayudan mucho en estas épocas donde disminuye el envío de remesas” señaló.
Hernández Díaz destacó además que los apoyos sociales cuentan con respaldo constitucional, por lo que aseguró que existe garantía presupuestal para mantenerlos y dar continuidad a los beneficios entregados a millones de familias mexicanas.
Actualmente, la pensión para adultos mayores entrega 6 mil 400 pesos bimestrales; Jóvenes Construyendo el Futuro otorga más de 9 mil pesos mensuales; mientras que Sembrando Vida supera los 6 mil pesos mensuales para productores beneficiarios.
Además, las becas educativas como Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro también forman parte de la estrategia de apoyo económico para estudiantes y familias de bajos ingresos.
Según estimaciones oficiales, una familia que combine varios programas sociales podría recibir más de 40 mil pesos bimestrales, dependiendo de la cantidad de beneficiarios registrados en el hogar.
Especialistas coinciden en que, aunque estos apoyos no reemplazan completamente el ingreso que generan las remesas, sí podrían ayudar a sostener el consumo básico y reducir el impacto económico en comunidades vulnerables.