El PAN presentó ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo para exigir que la Fiscalía General de la República (FGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como la Secretaría de Salud, investiguen y finquen responsabilidades por la acumulación de 18.4 millones de medicamentos e insumos médicos caducos en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez” y en almacenes federales lo que provocó un daño patrimonial superior a 121 millones de pesos y evidenció una grave falla en el sistema nacional de abasto.
La diputada federal del PAN, Noemí Berenice Luna Ayala explicó que para Acción Nacional, el problema dejó de ser únicamente el desabasto de medicamentos para convertirse en un posible caso de negligencia administrativa, corrupción y responsabilidades penales, al sostener que tratamientos esenciales, incluidos oncológicos pediátricos, caducaron dentro del propio Hospital Infantil mientras miles de pacientes enfrentaban la falta de medicamentos.
En la exposición de motivos, la legisladora atribuye el origen de la crisis a la desaparición del esquema de compras consolidadas en 2019 y a la posterior centralización de adquisiciones por parte del Gobierno Federal, primero mediante la Secretaría de Hacienda y el Insabi, y posteriormente con la participación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), lo que, afirmó, generó problemas logísticos, retrasos en las entregas y acumulación de insumos sin una estrategia eficiente de distribución.
Luna Ayala señala que esa cadena de decisiones derivó en una crisis de desabasto que afectó particularmente a pacientes pediátricos con cáncer y culminó con el hallazgo, a finales de junio de 2026, de millones de medicamentos caducos almacenados en el Hospital Infantil “Federico Gómez”, situación que calificó como una evidencia de la falta de control institucional.
La diputada también pidió esclarecer la actuación de la empresa Distribuidora Disur, responsable de servicios de administración y distribución de medicamentos para diversas instituciones públicas de salud, al considerar que debe explicar cómo se permitió la caducidad de millones de insumos pese a los compromisos de mantener altos niveles de abasto.
Asimismo, recordó que la compañía ha sido señalada anteriormente por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
En su argumentación jurídica, la panista sostuvo que la pérdida de medicamentos vulnera los artículos 1° y 4° de la Constitución, así como la Ley General de Salud y criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al impedir el acceso oportuno a tratamientos indispensables para preservar la vida y la salud de los pacientes.
Por ello, el punto de acuerdo propone cuatro acciones concretas: que la Secretaría Anticorrupción realice una auditoría integral a la gestión de inventarios y distribución; que la FGR abra una investigación para determinar posibles delitos; que la ASF practique una revisión especial a los contratos relacionados con el abasto y distribución de medicamentos y que la Secretaría de Salud y la dirección del Hospital Infantil de México hagan pública la información sobre el manejo de inventarios y tratamientos oncológicos pediátricos.