El fantasma de una “mafia inmobiliaria” en Yucatán, dedicada a arrebatar propiedades a sus legítimos dueños, parece reavivarse con la implementación de megaobras del gobierno federal en esa región del país…

En la última década, proliferaron en la Península (Quintana Roo, Campeche y Yucatán) diversas denuncias de despojo en franjas de desarrollo turístico o comercial, las cuales se creían superadas. Pero no… El problema palpita, supura y, como ha sido siempre, involucra a diversos actores políticos, judiciales, ministeriales y notariales, además de una red de supuestos defensores, usada para enganchar a víctimas.

“Mucha gente está viniendo a invertir a esta zona, sin saber mucho en qué se está metiendo”, alerta el abogado Enrique Mendoza Bolio, quien más ha levantado la voz en torno a estos abusos; conformó la Asociación Civil “En Defensa de la Seguridad Jurídica Yucateca”, especializada en dar seguimiento a casos.

“Yucatán, por ejemplo, está creciendo exponencialmente: se le está invirtiendo mucho dinero tanto del gobierno federal como de inversionistas de fuera; las grandes obras han vuelto muy atractivas a las principales ciudades de la región, como Mérida. Acaba de llegar Amazón, Mercado Libre y otras comercializadoras, la gente quiere comprar terrenos, fincas, casas”.

-Según se le conoce como Ciudad Blanca…

-Es un mote que se busca explotar. Podrá ser blanca para algunas otras cosas, que lo es cada vez menos, pero definitivamente no para el tema patrimonial: ahí se ha convertido en una de las ciudades más inseguras del país.

La mafia inmobiliaria no es asunto archivado: está vigente y lastima…

La historia de la familia Bernal es ejemplificadora, y destapa nexos en las altas esferas del poder.

“Estábamos en plena pandemia. Yo pasaba una temporada en otro lugar del país. Era finales de agosto de 2020 cuando uno de mis familiares pasó por la casa y le llamó la atención que estuviera la luz prendida. Habló de inmediato a la policía y, cuando logró entrar, estaba completamente vacía, sin muebles, cortineros ni clósets, la habían repintado. En una semana hicieron todo. Los vecinos platicaron después que unos hombres llegaron a sacar las cosas y a trabajar, y cuando les preguntaban, decían que se había vendido por Internet”, cuenta don Mauricio.

La primera denuncia se presentó por robo, aunque el modo de operación indicaba algo más grave. Se colocaron candados y chapas nuevas; en el frente, una manta con la leyenda: “Esta casa no se vende ni se renta”, y un número telefónico de contacto. A partir de entonces comenzó el martirio: constantes llamadas para amenazar, personas adjudicándose la propiedad de la casa. “Llamó un señor muy agresivo, diciendo que él era el dueño, que nos anduviéramos con cuidado y que si no nos salíamos iban a matarnos”.

Ahí se presentó la segunda denuncia: por amenazas.

Aunque don Mauricio mandó llamar un albañil para subir la barda y cerrar el garaje con tabicón, “ellos contrataban muchachos para saltarse la barda e intimidar y afuera siempre había gente vigilando. Las llamadas de acoso continuaron: a veces hasta ocho al día, pero las autoridades siempre decían que no podían hacer nada”.

A mediados de este año, tocó la puerta un señor “de traje, muy bien vestido, con papeles en la mano”.

-Esta casa es de mi clienta, aquí traigo las escrituras, el registro ante el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy) y si no la desocupan en 24 horas, deberán atenerse a las consecuencias -les dijo.

La familia pidió ayuda a distintos abogados y, por cuenta propia, emprendió una investigación: la casa, se descubrió, había sido vendida desde el 22 de julio de 2020 a una persona de nombre Geni Margarita Escobedo Jiménez, mediante la escritura pública 896 rubricada en la Notaria 97 del municipio de Tekax, a cargo del notario Carlos Tomás Goff Rodríguez. Una transacción, se sabría después, en efectivo, en absoluta violación a los protocolos contra el lavado de dinero.

Don Mauricio, quien apenas unos meses antes: en enero de 2020, había liquidado por completo la casa y liberado las escrituras, aparecía ya de manera oficial, en el Insejupy, como “anterior propietario”. En la supuesta compraventa fue representado por otra persona desconocida, oriunda de Veracruz: Sofía Zapotl Miave. Se utilizó un “poder notarial” fraudulento, expedido el 16 de julio de ese mismo año -seis días antes de la escrituración- en otra notaria: la 24, cuyo titular es Manuel Calero Rosado. Para consumar el proceso, fue suficiente una copia de la identificación de Zapotl en blanco y negro, borrosa e ininteligible.

Durante la batalla legal, aún abierta en la vía civil, administra y penal, fueron muchas las advertencias contra la familia: “No se metan, son gente poderosa”. Y sí: el notario Goff Rodríguez, quien avaló la compra-venta y escritura falsa, es primo hermano de José Enrique Goff Ailloud, paradójicamente uno de los hombres más encumbrados en la política yucateca, con etiqueta de defensor de abusos y enemigo de la corrupción, quien creció bajo el cobijo del exgobernador Rolando Zapata Bello: en 2015 fue nombrado presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, y a finales de 2017 se convirtió en vicefiscal anticorrupción. Cuando en 2019 la Fiscalía contra la Corrupción adquirió autonomía, él fue ratificado como titular, cargo en el cual continúa hoy. Como Ombudsman y Fiscal ha sido criticado por sus nulos resultados, y por su inclinación a “tapar” atropellos y desvíos de recursos públicos, en especial de gubernatura anterior.

Goff Rodríguez, el notario, ha sido suspendido dos veces por la administración del actual mandatario Mauricio Vila: la primera vez por seis meses a partir de enero de 2019, “por cometer diversas irregularidades en su labor” y ser vinculado a la mafia inmobiliaria, aunque él se amparó y fue reinstalado; y la segunda por otros 180 días, en abril de este año, “al incurrir en faltas graves de probidad y honradez”. Ni la Consejería Jurídica del Ejecutivo local ni el Consejo Estatal del Notarios se han atrevido a la revocación definitiva de su patente notarial.

“¿Cómo pudieron despojarme de mi casa con tanta facilidad?”, pregunta don Mauricio.

“No puedo dormir pensando que con ese poder falsificado y otros documentos personales que tienen, pueden seguir suplantando mi identidad y quitándome otras de mis propiedades, producto de mi trabajo honrado durante décadas. Dicen que ya no es mi casa, que es de otra persona, a quien no conozco. Vivo con miedo, ¿por qué me hicieron esto?”…