A casi cuatro meses del incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez donde perdieron la vida 27 personas y se registraron más de 40 heridos, las instancias gubernamentales han sino omisas en ayudar a las víctimas y familiares, acusaron organizaciones de la sociedad civil.

Este miércoles, el Grupo de Trabajo para Dar Seguimiento a los Hechos Ocurridos en la Estación Migratoria Lerdo-Stanton del Senado, se reunió con representantes legales de las víctimas, para conocer las acciones que han implementado las autoridades para apoyarlas y ahí la las organizaciones expresaron que las gestiones de las autoridades para investigar el caso y reparar el daño no han sido transparentes.

Acusaron que la revictimización y el hostigamiento a las y los sobrevivientes y sus familias han caracterizado el proceso y prueba de ello es que a la fecha la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no ha recibido a las víctimas y/o a sus representantes.

En el encuentro, Gretchen Kuhner, del Instituto para las Mujeres en la Migración, solicitó a los y las legisladoras un cambio estructural en la política migratoria y la desaparición de las estaciones migratorias.

Acusó que de manera cotidiana, hay detenciones arbitrarias, no hay condiciones de salud digna para los migrantes y se registran abusos tanto físicos, como sexuales.

Recordó que desde 2018 a la fecha se han registrado 41 motines, cuatro incendios y desde 2015 más de 60 muertes en estaciones migratorias.

Lorena Cano Padilla, abogada en el Instituto para las Mujeres en la Migración, aseveró que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha permitido el acceso a expedientes médicos de los migrantes lesionados en esta tragedia, por lo que no se les ha garantizado la reparación integral del daño.

Rafael Espino, senador de Morena y presidente del grupo, celebró este encuentro porque los planteamientos vertidos en la reunión se tomarán en cuenta para el informe que se elaborará y que será presentado al pleno de la Cámara Alta.

Recordó que la labor del grupo es analizar qué sucedió y dar seguimiento a los mecanismos de apoyo para proteger y garantizar los derechos humanos de los migrantes, con el propósito de legislar para remediar los problemas estructurales que ha venido arrastrando la política de atención migratoria.

“Reiterarles como presidente de este grupo toda la voluntad de seguir escuchando y dar seguimiento a la investigación, para saber realmente qué fue lo que pasó y cuál es papel y la competencia de cada una de las instancias que están involucradas en esto, para que sirva realmente el reporte para cambar las cosas”, aseveró.

Por su parte, la panista Kenia López , presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, reconoció que, a casi cuatro meses ocurrido el gobierno no ha pedido perdón a las víctimas directas e indirectas de este lo que llamó un “crimen de Estado”.

“Decirles a los migrantes que a casi cuatro meses de la tragedia, el gobierno no les ha pedido perdón. Yo como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos reconozco la omisión del Estado mexicano, reconozco la injusticia, reconozco que este fue un crimen de Estado y seguiré alzando la voz por los migrantes y los mexicanos que necesitan que los representen es estos espacios legislativos”, dijo.

Por su parte, el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, adelantó que los integrates de este grupo de trabajo visitarán a Ciudad Juárez, Chihuahua para reunirse con migrantes y escuchar sus necesidades.