Juvenal Becerra Orozco, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (UNEFARM), advirtió este miércoles que las farmacias independientes han registrado pérdidas por alrededor de 50 millones de pesos en lo que va del año como consecuencia del pago de extorsiones y otros delitos vinculados a la inseguridad y al mercado ilegal de medicamentos. La denuncia la presentó durante una conferencia en la que además alertó sobre el crecimiento del comercio irregular de fármacos en México.
Según Becerra Orozco, las extorsiones se han concentrado particularmente en el oriente de la Ciudad de México y en municipios del Estado de México —con Iztapalapa señalada como una de las zonas más afectadas—, y los montos que exigen los delincuentes oscilan entre 10 mil y 500 mil pesos por plaza o empresario. El dirigente explicó que, por su carácter irregular y disperso, la cuantificación es aproximada, pero que las cifras reflejan un impacto real en la operación y rentabilidad de las micro y pequeñas farmacias.
Además de las extorsiones, UNEFARM advirtió sobre el aumento del comercio ilegal de medicamentos, que según el propio Becerra Orozco, ya representa un porcentaje significativo del mercado y facilita circuitos de distribución no regulados. En su intervención señaló que el comercio irregular contribuye a la competencia desleal, a la pérdida de ingresos y a riesgos para la salud pública, pues muchos productos carecen de registros sanitarios o pueden ser apócrifos. }
El líder de las farmacias independientes pidió un mayor acompañamiento de autoridades para combatir las redes de extorsión y el tráfico de medicamentos irregulares. Entre las recomendaciones públicas destacó la necesidad de:
- Refuerzos de seguridad y operativos focalizados en las zonas de mayor incidencia.
- Campañas de prevención para que la población evite comprar fármacos en tianguis, locales sin certificación o sitios web no regulados.
- Verificación del producto: revisar empaque, número de lote, fecha de caducidad y registro sanitario antes de comprar.
Representantes del sector aseguran que la extorsión no sólo erosiona utilidades sino que obliga a reasignar recursos: cerrar en horarios, invertir en seguridad privada y equipo, o incluso reducir personal.