El Sector empresarial del país advirtió que el Presupuesto 2026 plantea una deuda creciente y mantiene un enfoque asistencialista además de que la concentración del gasto en energía deja rezagadas áreas clave como salud, educación, seguridad e infraestructura, con lo que se debilitan los pilares sociales y limita el crecimiento.
“El presupuesto debe ser un instrumento de desarrollo, no una herramienta política. México requiere responsabilidad fiscal, visión de futuro y compromiso con la productividad. Solo así construiremos un país más próspero, justo y competitivo”, demandó la Coparmex
El organismo encabezado por Juan José Sierra recalca que el Presupuesto de Egresos 2026 definirá el rumbo económico del país en un contexto de presiones fiscales, deuda creciente y bajo impulso productivo
La COPARMEX advirtió que el Presupuesto 2026 no equilibra estabilidad fiscal y desarrollo.
La deuda pública alcanzará 52.3% del PIB —unos 151 mil pesos por habitante— sin destinarse a proyectos productivos que generen empleo o bienestar sostenible, aseveró
Asimismo acusó que la inversión pública, de solo 3.2% del PIB, sigue siendo insuficiente, mientras el gasto corriente absorbe la mayor parte del endeudamiento.
A ello se suman recortes en áreas clave: salud representa el 2.5% del PIB, educación privilegia programas asistenciales sobre calidad e innovación, y recursos en seguridad pierde gran parte de su presupuesto, debilitando la capacidad institucional para proteger a las familias y a las empresas.
El organismo empresarial sostuvo que México necesita un presupuesto que apueste por la productividad, la inversión y la competitividad.
Recalcó que la deuda no es en sí un problema si se orienta a proyectos de largo plazo que generen crecimiento económico, empleo y bienestar.
Sin embargo—advirtió-- utilizarla para financiar gasto corriente compromete el futuro.
En ese sentido, la Coparmex pidió reorientar la deuda hacia inversión productiva en infraestructura, innovación, salud y educación, evitando su uso en gasto corriente.
También elevar la inversión pública al 5% del PIB y planearla para atraer inversión privada, priorizando sectores de alto impacto regional.
Reforzar la seguridad y el Estado de Derechos, reasignando recursos, profesionalizando policías y fortaleciendo los sistemas de justicia además de impulsar la inversión mixta en energía y obras públicas para liberar recursos y fortalecer la infraestructura nacional.
De igual manera garantizar eficiencia del gasto público, privilegiando programas que eleven la calidad de servicios y el bienestar de las familias.