Ana tiene 10 años y fue abusada sexualmente por su tío. Durante semanas ocultó la violación por miedo, por amenazas, por no saber cómo decirlo. Logró, por fin, contárselo a sus padres, después de pesadillas nocturnas, miedo e intensos dolores físicos en diferentes partes de su cuerpo.

Sus padres la llevan al hospital regional estatal y descubren que Ana está embarazada. Ana quiere abortar. El hospital se niega bajo pretextos como “ningún ginecólogo quiere practicarlo”. El comité de bioética del hospital se pone a discutir si practicarle o no la interrupción del embarazo; mientras, transcurren los días y Ana sigue hospitalizada con crisis nerviosas, dolores intensos e hinchazón que le impiden caminar. No le han suministrado ningún medicamento y sólo la mantienen en observación.

Del caso se enteran organizaciones que están contra el aborto. Comienzan a ejercer diferentes tipos de manipulación y presión psicológica contra los padres y la propia niña para convencerla de tener al producto del abuso sexual, actuando de acuerdo con sus creencias personales y no bajo el marco de la ley que establece que el aborto es legal en todo el país en caso de violación.

Ana afortunadamente no cede. Se mantiene en su decisión. A pesar de eso, el comité bioético del hospital concluye que Ana “no está mal de salud, sólo tiene malestares normales de cualquier embarazo que se ven agravados por su edad, que hay niñas que dan a luz sin problemas hasta de nueve años”. Y además —contra la ley— afirman que necesitarían autorización de parte de un juez para realizar el procedimiento.

Lo anterior es un caso basado en diversas historias que ha documentado el GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida). Cientos de niñas, adolescentes y adultas se enfrentaban con esas trabas al querer acceder a una interrupción del embarazo por violación.

El pasado 24 de marzo del 2016 se logró publicar en el Diario Oficial de la Federación la NOM 046, en la que se estableció que las mujeres pueden acceder a la interrupción del embarazo sin la necesidad de presentar con antelación una denuncia ante el Ministerio Público. Anteriormente las mujeres tenían que presentar el papeleo burocrático para poder acceder a la interrupción del embarazo lo que “resultaba revictimizante e innecesario”, como bien lo ha estudiado el GIRE.

En estas últimas semanas, ha habido algunas confusiones alrededor del derecho al aborto por violación que es legal en todo el país y sobre la NOM 46, luego del aplazamiento de la discusión que terminó en toma de tribuna por parte de diputadas de diversas fracciones, como lo señaló la investigadora jurídica, Karen Luna en su columna El derecho al aborto por violación no está en riesgo.

La iniciativa busca reformar los artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reforzar la aplicación de la NOM 046 y que las instituciones a nivel local la cumplan. Asimismo plantea un programa de capacitación y evaluación del personal de salud.

Es decir, el derecho al aborto por violación y la NOM 046 que garantiza ese derecho sin trabas burocráticas siguen vigentes en todo el país y es importante que se conozcan y difundan para que las mujeres puedan usar esas disposiciones.

No puede haber más historias como las de Ana. Nadie debe pretender instaurar sus creencias personales sobre leyes hechas para todos, basadas en la democracia, la libertad y la pluralidad.

@wendygarridog

wengarrido@gmail.com