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La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) aprobó una alianza entre 54 operadores que participarán en el mercado de compra y venta de gasolinas, el cual se llamará G500.
El organismo antimonopolios que preside Alejandra Palacios revisó por primera vez una operación que consiste en la unión de diversos operadores de gasolineras para formar un consorcio que se dedicará a la comercialización de combustibles, tras la inminente liberalización de los mercados de las gasolinas.
La Cofece señaló que el consorcio obtendría una baja participación en la compra de los distintos tipos de combustibles, respecto a los mercados en los que participan. Quedó expresamente señalado que los socios operarán de manera independiente en la comercialización al menudeo de estos productos.
Considerando que se trata de un club de compras, la Cofece aprobó un mecanismo para que G500 pueda, en el futuro, agregar nuevos socios, comunicando de manera previa a la comisión y proporcionando la información de los mismos.
De esta forma, se crea un mecanismo rápido, oportuno y económico para que esta autoridad de competencia verifique el impacto que la nueva afiliación generaría en las condiciones de competencia en el mercado.
Antes de la reforma energética, la producción, importación, transporte y almacenamiento de combustibles eran actividades exclusivas de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien tomaba todas las decisiones de producción, suministro y logística, garantizando a sus franquiciatarios (única modalidad permitida para la venta al público de gasolinas) un margen respecto al precio de venta del producto adquirido para su comercialización.
En el nuevo contexto, para que los operadores ofrezcan precios de venta al público atractivos que les permitan competir y mantenerse en el mercado, tendrán que generar eficiencias a través de nuevas fuentes de suministro de gasolinas y diésel, oportunas, de calidad y a los menores costos posibles.
Las figuras de asociación que emprendan las empresas, deben ser analizadas como una concentración conforme a lo previsto en la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), con el objeto de ponderar su posible impacto en las condiciones de competencia que prevalecen en los mercados de estos combustibles.
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