El jueves el diputado Ricardo Monreal anunció el periodo extraordinario del Congreso de la Unión, que se pretende convocar para el 23 al 30 de junio con una muy amplia agenda, que incluye la normatividad secundaria de las reformas constitucionales de los dos periodos ordinarios del primer año de esta la LXVI Legislatura de mayoría calificada oficialista.
Sin embargo, lo verdaderamente extraordinario es el desfase entre lo normativo y la gestión pública, que ha sido una constante en este gobierno. Varios de los proyectos de decreto, que se discutirán y, en su caso, aprobarán, involucran ramos administrativos que están en proceso de reorganización y que carecen de las leyes y, por lo tanto, los reglamentos correspondientes para dar certeza a la actividad de la administración pública federal, que opera sin el sustento jurídico suficiente como sucede en seguridad pública e innovación tecnológica.
En las láminas que presentó en la conferencia de prensa el diputado, se muestra que la agenda están consideradas iniciativas pendientes en la Cámara de Diputados y en el Senado, como cámara de origen o revisora, y otras que todavía no las ha presentado la presidenta Sheinbaum. Algunos proyectos están planchados, otros se impondrán con la mayoría oficialista, como la de telecomunicaciones, competencia económica y la evaluación de los programas sociales.
Lo que no es extraordinario, ni sorpresivo es la tendencia a centralizar la toma de decisiones en el Poder Ejecutivo. La transformación de los órganos constitucionales autónomos en desconcentrados de las dependencias de la administración pública son los principales puntos de debate con la oposición política. Por ejemplo, la concentración del poder en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que incluye la fábrica de software, es lo que provocó el retraso en la aprobación de la legislación de la materia, ya que esta dependencia estaba siendo facultada para bloquear temporalmente plataformas digitales por incumplimientos normativos.
Una legislación en proceso de modificación relevante es aquella relacionada con la Guardia Nacional que mantiene a ese cuerpo policiaco en una situación incierta respecto a los derechos y obligaciones de sus integrantes y a diversos aspectos organizacionales, administrativos, de responsabilidades, de supervisión y control. Además, quedó en suspenso la aprobación de la ley para eliminar trámites burocráticos que abroga la Ley General de Mejora Regulatoria y que pretende la automatización y digitalización de los procesos de atención al público de la administración pública federal.
También, lo extraordinario del periodo extraordinario es que se anuncia anticipadamente que posiblemente será necesario extenderlo por la cantidad de proyectos de decreto que están pendientes y los que se esperan. Las materias son complejas y de gran impacto social como la desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y el sistema nacional de búsqueda de personas, que tanto ha conmovido a la opinión pública por lo sucedido en el Rancho Izaguirre en Jalisco. Otras legislaciones en proceso de modificación son de gran complejidad como la relacionada con la guardia nacional que requiere la emisión de tres leyes nuevas y la adecuación, derogación y abrogación de 467 artículos de 11 cuerpos normativos.
También hay un desfase normativo entre lo dispuesto en la Constitución y la legislación secundaria. Esto ocurre en materia de la prohibición de los vapeadores, el bienestar animal, la evaluación de los programas sociales, la guardia nacional, la ley de amparo, el servicio público ferroviario, entre otras.
Los dos desfases comentados son suficiente motivo para convocar a un periodo extraordinario. El debate parlamentario debiera ser menos ríspido, ya que a todos conviene que haya mayor certeza jurídica para la acción gubernamental, especialmente, en materia de seguridad pública e inteligencia, que es una de las áreas de preocupación social y demanda ciudadana por la presencia de la delincuencia organizada en todo el territorio. Además, las reformas constitucionales, que fueron la manzana de la discordia y una demostración de músculo del oficialismo, son historia y hoy corresponde ver hacia adelante.
También es extraordinario que el periodo extraordinario se realice en momentos extraordinarios de incertidumbre por las crecientes complicaciones en las relaciones de México con el gobierno de los Estados Unidos. En otras circunstancias se hubiera esperado a septiembre al primer periodo ordinario del segundo año de la legislatura, pero ese momento está reservado para la batalla siguiente: la reforma político constitucional que elimina la representación proporcional, el financiamiento público a los partidos y la transformación del Instituto Nacional Electoral.
Vivimos tiempos extraordinarios, en el mundo y en el país. El periodo extraordinario legislativo anunciado, seguramente, contribuirá a superar los desfases y dotar de un marco normativo acorde con el proyecto gubernamental. Realmente será extraordinario que en tan poco tiempo desahoguen tal cantidad de leyes. Lo único ordinario, normal, es que el debate parlamentario será superficial y poco informado. En esto último no habrá sorpresas.
Profesor de la Universidad de las Américas Puebla
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