En otras latitudes, incluso con algunos gobiernos usualmente representados por la oposición como modelos globales, se inicia una etapa de incertidumbre y militarización, considerados como odiosos conceptos ahora no muy cuestionados por los integrantes de aquella.
En México, desde lo nacional y lo local, hay una disposición por convergencias y colaboración para enfrentar la percepción y la realidad de la amenaza. En este caso la relativa a la inseguridad. La Presidenta Claudia Sheinbaum es un ejemplo global de balance y dignidad.
El convenio entre la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), presidida por Diego Cosío, y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México para conectar las cámaras privadas de los negocios al ecosistema público de videovigilancia, es muestra del entrelazamiento productivo de quienes viven, trabajan y se preocupan por la ciudad.
Antes de reciclar discursos de polarización hubo una decisión práctica, sensata y profundamente cívica: conectemos nuestras capacidades para proteger lo que es de todos. Esta alianza permite paulatinamente a los equipos de cinco mil afiliados a la ANTAD ser incorporados al sistema de monitoreo, fortaleciendo la cobertura visual en calles, avenidas y puntos críticos. Posibilita y promueve la disposición ciudadana de entregar videoevidencia ante incidentes delictivos o accidentes cuya observación con otra mirada puede contribuir a soluciones.
Lo común en América Latina ha sido desconfiar, replegarse, fragmentar.
Gobiernos acusan a los empresarios de evadir su parte en la seguridad, empresas culpan al Estado por su ineficacia, ciudadanía eventualmente tentada a descreer. La videovigilancia es herramienta comunitaria, puente entre intereses frecuentemente percibidos como adversariales.
Corresponsabilidad es un concepto que autores como Elinor Ostrom —la primera mujer en recibir el Nobel de Ciencias Económicas, en 2009, por su análisis sobre comunidades gestoras de bienes colectivos de forma sostenible sin necesidad de privatización o control estatal centralizado— defendieron como clave en la gestión efectiva de lo social.
“La noción de que hay un solo modelo institucional óptimo para organizar la gestión de los recursos es errónea. En lugar de imponer soluciones externas, necesitamos apoyar arreglos autoorganizados por aquellos directamente involucrados”, menciona en su libro “Understanding Institutional Diversity”, publicado en 2015.
Justo eso se implica en el convenio aludido: las tiendas comparten sus cámaras, el C5 asume el compromiso de integrarlas al sistema y operarlas bajo protocolos donde paga conectividad y energía el sector privado, mientras la ciudadanía se beneficia con una red de vigilancia más robusta. Los equipos se suman a la operación de 83 mil 414 cámaras y al proyecto de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, por llegar a 150 mil para el 2030.
En Londres, por ejemplo, el sistema de videovigilancia se fortaleció desde la década de los 90 con esquemas mixtos que integran cámaras públicas y privadas a través del programa “Ring of Steel”. El resultado ha sido una capacidad de respuesta más ágil en zonas comerciales donde la criminalidad es más oportunista.
En la Ciudad de México hay una decisión conjunta de encontrarse para compartir soluciones.
Si la política es campo de batalla identitaria, global o local, aquí lo privado y lo público colaboran. La democracia exige instituciones de proximidad y formas de cooperación cívica más allá del voto y del reclamo.
Las cámaras no eliminan la desigualdad o los riesgos, ciertamente contribuyen a fortalecer una comunidad contra ellos. La seguridad se construye cuando nadie se excluye del esfuerzo.
La CDMX y la ANTAD buscan integración desde la comprensión de la diversidad.