Por fin, alguien se atrevió a tocar uno de los negocios más visibles, normalizados y abusivos de la Ciudad de México: el de los franeleros. Sí, esos mismos que se adueñan del espacio público como si fueran los dueños del pavimento, los que convierten cualquier calle, banqueta o entrada de hospital en estacionamiento privado, con tarifas impuestas por el “derecho” a no ser rayado, asaltado o simplemente maltratado. Porque no se trata de una propina voluntaria: se paga por miedo o por resignación.
La iniciativa presentada por Clara Brugada para reformar la Ley de Cultura Cívica y castigar con hasta 36 horas de arresto inconmutable a quienes exijan dinero por apartar lugares o cuidar autos en la vía pública suena, en el papel, como una medida urgente y necesaria. Y lo es. Basta caminar por los alrededores de hospitales públicos, donde llegan personas con el presupuesto apenas justo para medicinas, y aún así deben pagar 50, 70 o hasta 100 pesos diarios para “estacionarse sin broncas”.
¿Es esta sanción suficiente para disuadir a quienes hacen del espacio común su fuente de ingreso? Difícil saberlo. Algunos franeleros ganan hasta 40 mil pesos al mes, libres de impuestos, sin regulación ni supervisión. Con ese margen, más de uno estará dispuesto a pasar unas cuantas horas detenido si eso significa mantener el negocio andando.
El programa contempla también una campaña de concientización y alternativas laborales para quienes se dedican a esta actividad. Buena intención, pero habrá que ver si eso alcanza. Porque el problema no es solo de ingreso económico, sino de mafias, extorsiones encubiertas y, muchas veces, de complicidad con autoridades que por años han permitido este desorden.
Y cuidado, porque si la reforma avanza —como se espera— en un periodo extraordinario del Congreso local, es probable que los “viene viene” encuentren una nueva fórmula para seguir operando dentro del margen gris de la legalidad. ¿Propinas obligatorias, “donativos sugeridos” o convenios verbales entre particulares? La creatividad para la extorsión urbana siempre va un paso adelante.
Hoy se aplaude que el gobierno capitalino reconozca que el espacio público no se vende ni se renta. Pero la verdadera prueba será que no se vuelva a tolerar lo que por años se normalizó. Que no ganen otra vez los que viven de apropiarse de lo que es de todos.
Por cierto:
1. OJO. Nos cuentan que la estrategia de seguridad implementada en Azcapotzalco, en coordinación con el Gobierno capitalino y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, comienza a rendir frutos pues según el más reciente reporte del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, la incidencia delictiva en la demarcación bajó 7% entre enero y mayo de este año en comparación con el mismo periodo de 2024, destacando la reducción sostenida de delitos de alto impacto como robo a transporte, extorsión, feminicidio y homicidio doloso; además, Azcapotzalco se colocó MUY por debajo del promedio capitalino.
2. PENDIENTE. A partir del 1 de julio de 2025, regresan las infracciones de tránsito en el Estado de México por parte de la policía estatal, luego de más de un año de suspensión. El Secretario de Movilidad, Daniel Sibaja, anunció que los elementos comenzarán a sancionar a conductores que infrinjan el reglamento, esta vez con cámaras de solapa y un proceso más estructurado. Aunque se descarta el uso de fotomultas —por su mala fama—, sí habrá radares en los carriles del Mexibús para multar a quienes los invadan. La advertencia es clara: se acabó la tolerancia para los automovilistas que circulaban sin preocuparse por las reglas.
Vivo la noticia, para contarle la historia
@juanmapregunta