Con un decreto firmado esta semana, Claudia Sheinbaum cumplió una de sus primeras promesas de campaña: reducir la edad de jubilación para ciertos trabajadores del Estado. — Con un decreto firmado esta semana, Claudia Sheinbaum cumplió una de sus primeras promesas de campaña: reducir la edad de jubilación para ciertos trabajadores del Estado. A partir de 2028, las mujeres podrán retirarse a los 53 años y los hombres a los 55, siempre que cuenten con 28 y 30 años de servicio, respectivamente.
La medida aplica exclusivamente para quienes aún están bajo el antiguo régimen del ISSSTE, anterior a la reforma de 2007. Es decir, no para todos. Apenas uno de cada cuatro trabajadores públicos podrá beneficiarse de esta decisión. El resto, los que cotizan bajo cuentas individuales, seguirán enfrentando un retiro incierto.
Desde el oficialismo, se presentó como un acto de justicia. Para el SNTE, es un avance largamente esperado. Pero la CNTE, más combativa, lo rechazó de inmediato: lo califican como un “parche”, no como solución. Y es que la raíz del conflicto está en la reforma del ISSSTE que desmanteló el sistema solidario y trasladó el futuro de las pensiones a la volatilidad del mercado.
El costo estimado de la medida ronda los 36 mil millones de pesos al año. No es poca cosa. Pero aún más costosa sería la falta de respuesta a las demandas laborales de fondo. Y aunque el decreto es políticamente eficaz y socialmente simbólico, no aborda el dilema central: ¿qué sistema de pensiones queremos para las próximas generaciones?
La presidenta ha dicho que no habrá más cambios por ahora. Pero el tema no desaparecerá. Si algo revela este anuncio es que el país necesita una discusión seria, incluyente y técnica sobre cómo garantizar un retiro digno para todos, no solo para unos cuantos con suerte de haber ingresado antes de 2007.
Porque cuando se habla de pensiones, lo justo no puede seguir siendo una excepción.
En conclusión para el futuro, con la reforma en marcha, los primeros beneficiarios podrán retirarse bajo las nuevas condiciones dentro de tres años.
No obstante, la presión de los sectores excluidos y la fragilidad del sistema previsional en su conjunto continúan marcando desafíos importantes para la administración federal.
Aunque la reducción de la edad de retiro responde a una demanda legítima, también refleja los límites políticos y presupuestales de un gobierno que, por ahora, opta por atender parcialmente una deuda social acumulada durante décadas.