El modelo de gobernanza establecido en la Constitución de 1857, que otorga a los municipios amplias facultades de autogobierno, ha sido históricamente una de las fortalezas del federalismo mexicano. Sin embargo, esa misma estructura ha generado vulnerabilidades profundas frente a la delincuencia organizada. La descentralización política, sin una estrategia suficiente del Estado en materia de seguridad, ha permitido que los grupos criminales penetren con relativa facilidad los gobiernos locales, capturando instituciones y recursos públicos.
En entidades como Michoacán, donde la economía informal y la desigualdad se entrelazan con la violencia estructural, la fragilidad de los municipios se convierte en terreno fértil para la cooptación del poder político. Si a ello agregamos la ausencia de justicia social, que durante décadas ha dejado a amplios sectores de la población sin acceso a derechos básicos, podremos entender a lo que el Estado se ha enfrentado.
En ese contexto, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, representa un punto de inflexión en la concepción de la política pública sobre seguridad. Con una inversión superior a 57 mil millones de pesos y más de 100 acciones concretas, el plan busca atender las causas estructurales de la violencia para construir la paz. Por primera vez, se aborda la seguridad no como un asunto meramente coercitivo, sino como el resultado de garantizar derechos fundamentales: salud, vivienda, agua, educación, empleo y bienestar.
Durante 2026 se destinarán 37 mil 450 millones de pesos en becas y programas de bienestar, beneficiando a 1.5 millones de michoacanos. La inversión en infraestructura vial, educativa y de salud transformará regiones históricamente marginadas. Se construirán centros de salud, caminos, redes de agua potable, viviendas y escuelas, mientras que los pueblos indígenas recibirán atención específica a través de planes de justicia propios.
En esta lógica, el IMSS tendrá a su cargo la construcción de dos hospitales, además de realizar rehabilitaciones mayores y abrir centros especializados, especialmente en la zona de Morelia. Esta orientación integral no busca solamente reducir los índices delictivos, sino reconstruir el tejido social y generar oportunidades reales para quienes, por décadas, fueron ignorados por las políticas públicas.
A diferencia de los modelos anteriores, centrados únicamente en el despliegue militar y la represión, el Plan Michoacán articula seguridad con desarrollo. Ciertamente, 10,500 elementos de las fuerzas armadas serán destacados a la zona, pero esta vez la participación comunitaria y la inversión social serán los pilares para consolidar una paz duradera. La apuesta es de fondo: sustituir el abandono y la desigualdad por oportunidades, bienestar y dignidad. Esa es la verdadera transformación que puede cerrar el paso a la delincuencia organizada, más eficaz que cualquier operativo temporal.
En este marco, la respuesta política adquiere una relevancia ética. La oposición, en una democracia madura, puede y debe ejercer su derecho a la crítica, pero no puede apostar al fracaso de un plan cuyo propósito central es salvar vidas y recuperar la paz pública. La decencia política exige anteponer el bienestar de las personas al interés partidista.
Una oposición responsable debe plantear alternativas, señalar debilidades o proponer mejoras, pero no operar para el colapso de una estrategia que busca reconstruir el tejido social y garantizar derechos fundamentales. Apostar al fracaso de la pacificación no solo sería un acto de mezquindad política, sino también un agravio moral hacia las víctimas y hacia los ciudadanos que padecen la violencia.
El momento que vive Michoacán exige altura de miras. Los desafíos de la inseguridad y la desigualdad no pueden enfrentarse desde la división ni la indiferencia. La reconstrucción del Estado requiere corresponsabilidad de todos los sectores: gobierno, partidos, oposición, sociedad civil y ciudadanía.