Los bloqueos realizados en más de 50 puntos carreteros de 22 estados de la república, que incluyeron aduanas, provocaron que las cámaras empresariales salieran a manifestarse por las afectaciones a la economía, que calcularon entre 3000 y 6000 millones de pesos a causa de los cierres, que afectaron las cadenas de suministro y evitaban el traslado de productos vitales y de consumo diario.
Aun cuando hubo relativa solución, los daños son incalculables realmente, por lo que el gobierno se vio en la necesidad de buscar una solución a sus demandas; los líderes de los movimientos que han estado en las mesas de negociación hasta altas horas de la madrugada declararon que no son enemigos del gobierno ni pertenecen a ningún partido político como en declaraciones desafortunadas, que pronto la presidenta corrigió, afirmó el martes pasado la secretaria de gobernación Rosa Icela Rodríguez.
Nadie puede poner en duda que en muchas carreteras importantes de estados como Querétaro, Veracruz, Guanajuato, Michoacán, Guerrero y otros, la inseguridad, secuestro y atraco a los choferes que trasladan mercancías diversas es muy frecuente y ese es un tema que el gobierno podría tratar de resolver movilizando mayor protección y vigilancia de la Guardia Nacional para integrar caravanas o equipos especiales que escolten, organizados en grupos, para defender a los transportistas.
El gobierno prometió establecer nuevas fiscalías para atender el tema en específico. Una estrategia así es costosa y difícil, pero habrá otros sistemas utilizando las herramientas de inteligencia criminal existentes para detectar los asaltos antes de que ocurran. Seguramente en esta demanda de seguridad, una de las obligaciones esenciales del estado, habrá alternativas donde los propios transportistas afectados pueden ayudar con sugerencias valiosas. Lo destacable es que el gobierno se abrió a reconocer el problema y tratar de solucionarlo.
El tema de la inseguridad, las extorsiones y cobros de derecho de piso está dentro de las prioridades de la Secretaría de Seguridad Publica, se trata de un asunto sobre el cual existe plena conciencia de la necesidad de atacar el problema, pero por lo visto el Estado se encuentra rebasado por el tamaño del país y lo complejo de su geografía. Siempre, sin embargo, puede hacerse un esfuerzo adicional y diferente, para apoyar a los transportistas.
La demanda de los campesinos en torno a los precios de garantía es algo mucho muy complejo y se explica en cierta forma porque desde el sexenio anterior desparecieron varios programas de ayuda al campo cuyo vacío hoy se hace notar. Diversos programas que operaban bajo la extinta SAGARPA hoy SADER, fueron cancelados reduciendo considerablemente el presupuesto de ayuda al campo y los apoyos se otorgaron en forma directa a pequeños productores, medida que por lo visto no ha dado resultado y aquí tendría que darse otra corrección. Suena lógico el reclamo campesino que pide mejora en los precios de garantía al maíz ya que el pago, por la participación de intermediarios es inferior al costo de un kilo de tortillas.
El tema del agua ha generado mucha inquietud ante la posibilidad de cancelar la propiedad privada de los pozos o el agua que se encuentren en parcelas o ranchos de pequeños propietarios, pero algo se avanzó con la aceptación del gobierno de impulsar cambios para el trato diferenciado en favor de los campesinos y el uso del agua para sus cultivos. Es un tema que generará muchas discrepancias y percepciones equivocadas que deben ser aclaradas.
Los foros de discusión se hicieron sólo en CDMX y no en regiones del interior donde se tienen realidades distintas, estados como Tabasco tienen exceso de agua, mientras que Sonora y Chihuahua por ejemplo, carecen del líquido suficiente. Los campesinos, ganaderos y las industrias tienen preocupaciones bien fundadas que se prometió serán atendidas por las secretarías de gobernación y la de agricultura.
Es cierto que en ocasiones las demandas de diferentes sectores, por justas que sean no pueden resolverse porque como claramente lo dijo la presidenta Sheinbaum, el gobierno no cuenta con los recursos necesarios para atender todas las demandas de los productores y campesinos que se encontraban en los bloqueos. Sin embargo, la apertura del gobierno en las negociaciones como lo ordenó la presidenta es un primer paso que se definirá en el convenio que actualmente se redacta para darse a conocer a todos los participantes en las protestas.
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