Durante años, los fideicomisos públicos fueron defendidos como instrumentos técnicos indispensables para la operación del Estado. En los hechos, muchos de ellos derivaron en estructuras de baja exigencia, con controles debilitados, reglas flexibles y una desconexión deliberada del escrutinio presupuestal. No fue una desviación marginal: fue un patrón.
Esa realidad fue la que enfrentó la Comisión Presidencial para la Revisión de los Fideicomisos Públicos Extintos, creada tras el decreto de extinción de 2020, con un mandato inequívoco: revisar, auditar y recuperar recursos públicos que habían quedado fuera del control efectivo del Estado.
Como integrante de la Comisión, y desde una trayectoria profesional en auditoría, fiscalización superior y análisis financiero del gasto, constaté un diagnóstico repetido: fideicomisos sin objetivos vigentes, otros con operación mínima y saldos relevantes, compromisos contractuales imprecisos y fallas estructurales de rendición de cuentas. No fue una cacería política ni una revancha administrativa; fue la aplicación tardía, pero necesaria, de criterios básicos de responsabilidad hacendaria que durante años se eludieron.
El resultado es verificable, tras procesos formales de revisión financiera, conciliación jurídica y validación administrativa, miles de millones de pesos regresaron a la Tesorería de la Federación (Tesofe). Recursos que dejaron de permanecer dispersos en esquemas opacos y volvieron al cauce institucional donde sí existe trazabilidad, control y supervisión.
Conviene decirlo sin eufemismos, el reintegro no fue automático ni discrecional. Exigió trabajo técnico especializado, análisis financiero riguroso, revisión normativa exhaustiva y coordinación interinstitucional. Cada peso reintegrado pasó por filtros administrativos y legales para evitar improvisaciones y reducir riesgos jurídicos que históricamente se toleraron.
Como parte de este proceso se reintegraron recursos provenientes, entre otros, del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), del Fideicomiso del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, del ProMéxico, del Fideicomiso para el Desarrollo del Cine Mexicano, de diversos fondos sectoriales de investigación y desarrollo tecnológico, así como de fideicomisos vinculados a infraestructura, apoyos financieros y programas sin operación vigente. En muchos casos, se trataba de bolsas presupuestales paralelas, sostenidas durante años, sin evaluación real de resultados ni controles efectivos.
La lección es incómoda: cuando el control se relaja, la discrecionalidad ocupa su lugar. Los fideicomisos funcionaron, en demasiados casos, como islas presupuestales, ajenas a la disciplina financiera y a la evaluación del gasto. No falló la norma; falló su aplicación sistemática.
Mi experiencia en la Comisión confirma algo elemental, la transparencia no es narrativa, es método. Y la fiscalización, cuando se ejerce con rigor técnico, independencia y sin concesiones, sí produce resultados.
Hoy el debate no debería centrarse en nostalgias administrativas, sino en un principio básico, ninguna figura jurídica está por encima de la rendición de cuentas. Los recursos públicos no pertenecen a estructuras ni a inercias; pertenecen a la sociedad. Y cuando regresan a la Tesofe, regresan al único lugar legítimo: bajo control institucional y al servicio del interés público.
Dr. Luis David Fernández Araya
Colaborador La Crónica