Queda claro que cualquier sociedad que no es iluminada por los derechos, termina engañada por los charlatanes. El espectáculo que las autoridades capitalinas montaron para cubrir el desalojo del albergue animalista “Refugio Franciscano AC”, ubicado en Cuajimalpa, representa un evento político que trasciende la retórica oficial de la protección animal para revelar formas de instrumentalización de la sentiencia animal, en un ámbito que la Constitución Política local define como ciudad garantista y solidaria. El operativo llevado a cabo por la Jefatura de Gobierno con el apoyo de la FGJ, SSC, BVA, PAOT así como bomberos y granaderos, fue para desalojar forzadamente a cientos de indefensos seres sintientes del lugar donde desde hace años vivían.
Esta acción se acompañó de amenazas de encarcelamiento para los defensores animalistas quienes los protegían en ese predio destinado testamentariamente para ese fin. Ahora sabemos que tal abuso de autoridad fue para liberar ese terreno en favor de inmobiliarias. Fueron evidentes los traslados irregulares, la falta de transparencia en los destinos y la preocupación social por la supervivencia de cientos de animales desalojados. A pesar del tiempo transcurrido, existen denuncias de que muchos aún se encuentran encerrados en jaulas.
Para comprender este caso más allá de su descripción jurídica, es necesario reconocer que el maltrato animal es cotidiano en la sociedad mexicana. Frente a ello, el concepto de sentiencia resulta útil porque establece señales de sufrimiento o bienestar para los animales no humanos. La presencia de sensibilidad, por si sola, tiene un enorme valor social porque los sistemas democráticos asumen que si un ser puede sufrir o disfrutar, merece consideración ética y protección jurídica. Cuando existe una posibilidad real de sentiencia, la precaución ética exige que actuemos para evitar daño a los animales, porque la ignorancia no justifica la indiferencia.
Actualmente, la ciencia considera que la sentencia es universal, empíricamente investigable y normativamente relevante. Representa una decisión política sobre quiénes merecen protección y bajo qué condiciones. Cuando existe causa razonable de sufrimiento, la política pública no puede delegar simplemente en la gestión técnica, sino que debe asumir responsabilidad activa para evitar daños previsibles. El gobierno justificó su intervención como acción protectora, manipulando la sintiencia animal para reconfigurar las relaciones de poder en el espacio urbano.
La cuestión animal se articula con estructuras de dominación. La frontera entre lo humano y lo animal no es solo una cuestión biológica o de bienestar, sino un dispositivo normativo y político que organiza jerarquías de valor y prácticas de exclusión dentro de la sociedad. La actuación gubernamental es un ejemplo contemporáneo de “biopolítica interespecie” en la que asume el rol de actor legitimador y gestor de la vida animal, pero haciéndolo como una imposición que centraliza la autoridad estatal desplazando a las organizaciones ciudadanas que históricamente asumieron esa labor.
La disputa sobre la propiedad del predio, el abuso de las fuerzas de seguridad y las decisiones gubernamentales unilaterales reflejan un ejercicio de poder que incorpora la vida animal en las estrategias de gobierno sin necesariamente garantizar su bienestar. No fue rescate, fue despojo.
Aunque la protección de los animales se presenta como un bien público, el actual enfoque oficial sobre bienestar animal reproduce viejas formas de exclusión real y simbólica bajo la apariencia de una política pública protectora. La complicidad gubernamental no se limitó a un operativo de rescate, sino que se extiende a cómo se estructura y se controla la narrativa, a las decisiones jurídicas y a la administración de vidas sintientes en el espacio urbano.
Este episodio muestra cómo el discurso gubernamental de protección animal se transforma en complicidad política cuando se instrumentaliza para reconfigurar relaciones de poder económico, desplazar a los protectores de animales y consolidar decisiones administrativas sin mecanismos participativos, ni de rendición de cuentas.