A falta de la “última revisada” de la presidenta Sheinbaum y, por lo tanto, de algunos detalles importantes, la iniciativa de reforma electoral presenta aspectos preocupantes, porque se dirige a debilitar todavía más a la democracia mexicana, bajo el argumento de que se busca recuperar su “esencia”. En este texto apuntaré solamente algunos de los más visibles, entre estos aspectos.
Uno, fundamental, es la disminución de recursos otorgados al Instituto Nacional Electoral. El argumento es que en México tenemos una de las elecciones más caras del mundo. Basta revisar un par de datos para advertir que esto es una falacia. Nada más en América Latina, el costo de las elecciones por ciudadano fue menor en México que Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay y Paraguay.
Todo precio es relativo. Si un ciudadano pagó 100 000 pesos de IVA, ISR y IEPS, al INE le tocan 140 pesotes. Al puro servicio de la deuda de Pemex van $2,600 casi veinte veces más… y ni quien diga nada.
Pero abaratar el INE, expulsando personal de carrera, disminuyendo su capacidad operativa e institucional, tiene efectos nocivos sobre la atención al pública y la propia organización electoral. El recorte viene al mismo tiempo que se le dan al INE todavía más atribuciones.
Peor todavía es el propósito de acabar con el PREP, el programa de resultados preliminares con el que los ciudadanos siguen la evolución de la elección desde que se cierran las casillas. Es un ejercicio de transparencia que permite tener una idea bastante clara de los resultados antes de que sean oficiales. Ahora, con el pretexto de que los conteos distritales empezarán la misma noche de la elección (lo que es un buen paso), se quiere escamotear la información, dejando en la oscuridad a la ciudadanía de a pie, y generando una incertidumbre que llevamos mucho tiempo sin sentir. Un retroceso mayúsculo, que abonará -si es que se aprueba- a mayor conflictividad postelectoral. Primará la idea de que los votos se cuentan en lo oscurito, como antes de la transición democrática.
La reducción del presupuesto a los partidos es un propósito popular, y es parte del discurso con el que se quiere vender la reforma. Los partidos políticos son impopulares. El problema es que pocos toman en cuenta que un financiamiento público suficiente reduce el riesgo de corrupción, porque substrae a los partidos de la dependencia de donaciones privadas opacas, de lobbies empresariales y recursos provenientes del crimen organizado, que condicionan su actuar. Menor presupuesto general aumenta las diferencias relativas entre los partidos que ya son grandes y los que no.
Otra característica de la iniciativa de reforma es que pretende que se vote en boletas separadas a los diputados de distrito y a los de representación proporcional, como hasta hace 40 años. Parece una cosa menor, pero no lo es tanto. Ese método permite a las mayorías influir en la composición de las minorías. En aquel entonces, la transferencia de votos de priistas bajo consigna a los partidos satélites, permitía que estos últimos sobrevivieran, y que le quitaran algunas curules a la oposición verdadera.
Se ha vendido este asunto como que “ahora sí se va a votar por los plurinominales”, como si no hubiera sido el caso todo el tiempo. Y se le adereza con la posibilidad de escoger, dentro de la lista, a un hombre y una mujer, que no necesariamente son los que la encabezan (y se maneja como un “estate quieto” a las dirigencias partidistas, que casi siempre se ponen hasta adelante).
En Europa, donde prevalecen los sistemas plurinominales, las listas abiertas se utilizan en 31 países, mientras que las listas cerradas lo hacen en 25. La lista cerrada favorece la cohesión interna de los partidos, pero limita las opciones de los votantes y disminuye la responsabilidad de los elegidos ante los electores. La lista abierta aumenta la responsabilidad de los candidatos, pero lleva a la competencia interna en los partidos, campañas personalizadas y la entrada de grupos ajenos (que pueden estar ligados a intereses extrapartidarios); en cualquier caso, su eficacia es limitada: suelen tener más votos quienes están en la cima de la lista, que son los jefes de los partidos.
Hay diferencias de fondo entre la narrativa del proyecto de reforma, que habla de democracia popular y no de partidos, y el propósito final, que no es otro sino la creación de un sistema electoral que favorezca a un partido hegemónico y dificulte la labor de las oposiciones para mantenerlas acotadas y pulverizadas por un largo tiempo.
En ese sentido, la iniciativa de Sheinbaum cumple con el espíritu de los planes A, B y C de López Obrador. Es lo que puede ofrecer. Es posible que la iniciativa no pase, ya que a los partidos aliados de la 4T se les ofrece sólo un poco de oxígeno, condicionado a que sigan apoyando al partido en el poder, mientras que las oposiciones no tienen nada que ganar y sí mucho que perder. Ojalá y el Verde y el PT se mantengan firmes, porque el canto de sirenas los puede llevar a ser devorados. Necesitarán cera en los oídos.
Tal vez el gobierno está pensando que Morena, por sí solo, es capaz de hacerse de la mayoría absoluta, con las condiciones actuales de la legislación electoral, para luego buscar, mediante ofertas personales, hacerse de votos para aquellas ocasiones en las que necesite la mayoría calificada. Ahí está el ejemplo de los Yunes. Falta mucho por ver todavía.
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