La captura de Maduro y su traslado a Nueva York, conjuntamente con la asunción de Delcy Rodríguez a la presidencia de Venezuela generan interrogantes sobre cómo evolucionará la institucionalidad en ese país en los años venideros. Las experiencias de Argentina entre 1982-1983 luego de Malvinas y de Chile entre 1988-1990 luego de Pinochet nos permiten avizorar dos posibles escenarios ya que muestran que la salida de un régimen autoritario no garantiza por sí misma una transición democrática sólida.
En Argentina, la dictadura militar empezó su declive tras un evento autoprovocado. La guerra de Malvinas fue un intento desesperado por recuperar legitimidad mediante el nacionalismo. El resultado fue exactamente el contrario: la derrota expuso la incapacidad y la brutalidad del régimen. A partir de ahí, el poder militar perdió cohesión interna y capacidad de control del país en un marco de un creciente descontento social. La transición fue conflictiva, económicamente difícil y políticamente inestable, pero también relativamente abierta: permitió elecciones y el posterior juicio a las juntas militares como una señal clara de una ruptura clara con el pasado autoritario.
Chile siguió otro camino. En un marco internacional cada vez menos proclive a seguir apoyando a gobiernos dictatoriales, la salida del régimen de Pinochet fue pactada. El plebiscito de 1988 abrió el camino electoral, pero conservando importantes enclaves autoritarios: una Constitución diseñada por la dictadura, un poder militar autónomo y mecanismos institucionales que limitaron durante años la plena competencia democrática. La democracia chilena nació con estabilidad, pero también con restricciones profundas que marcaron su desarrollo por décadas.
Entonces, si bien Argentina tuvo más conflicto (recordar a los intentos de subvertir el orden constitucional por el movimiento “carapintada”) y mayor incertidumbre, pero también más verdad, más justicia y una ruptura más clara con el pasado, Chile tuvo más orden y continuidad institucional, pero al costo de una transición incompleta que dejó temas fundamentales sin resolver, como pudo verse en los discursos de las campañas electorales de 2025.
Es posible que la ruptura institucional tan abrupta en Venezuela haga que el país se mueva entre estas dos lógicas.
Un escenario “a la Malvinas” implicaría que la deslegitimación profunda del actual gobierno obligue a una democratización en la cual el actual éste pueda poner menos condicionantes. Eso abriría espacio para una renovación de élites, una reconstrucción institucional más ambiciosa y procesos de justicia. Pero también, como los procesos sociales son raramente lineales, implicaría riesgos reales: circunstancias con vacío de poder, conflictos internos, inestabilidad económica y tensiones sociales.
Un escenario “a la chilena”, en cambio, supondría una transición negociada en la que sectores del régimen actual, tal vez con la anuencia del gobierno de los Estados Unidos, conservarían cuotas relevantes de poder en el aparato militar, judicial o económico a cambio de permitir una apertura gradual y con menos revisión del pasado reciente. Esto podría facilitar estabilidad inicial, pero también podría producir una democracia limitada, tutelada y con baja capacidad para enfrentar los problemas estructurales del país.
Claramente Venezuela no es ni Argentina en 1982-83 ni Chile en 1988-90. Ni en el mundo están presente las mismas fuerzas políticas que a fines del siglo pasado (por citar sólo un ejemplo, el muro de Berlín cayó en 1990).
Es un país con una economía profundamente deteriorada, una diáspora masiva, una sociedad civil debilitada, élites políticas fragmentadas y una presencia extendida de economías ilegales y actores armados no estatales. En ese contexto, cualquier transición será necesariamente más compleja. No se trata sólo de cambiar de gobierno, sino de reorientar capacidades básicas del Estado.
Tal vez el mayor riesgo para Venezuela, en mi lectura, sea no sólo optar por uno u otro modelo, sino quedar atrapada en una combinación poco funcional de ambos: ni una ruptura suficiente para permitir regeneración institucional, ni un pacto suficientemente sólido para garantizar estabilidad; sino una transición frágil, con bajos niveles de justicia y gobernabilidad.
Venezuela y su sociedad enfrentan por delante meses difíciles, tanto en el plano institucional como en el económico. ¿Existirá la capacidad social, política e institucional del país, en un contexto marcado además por el peso de Estados Unidos sobre el margen de maniobra local, para transformar el actual quiebre en el mando presidencial en una oportunidad de reconstrucción y no sólo en un simple reemplazo de élites? Es una pregunta abierta que comenzará a responderse en los próximos meses del año que recién se inicia.
Análisis de especialistas de la Universidad Iberoamericana son presentados a nuestros lectores cada 15 días en un espacio que coordina el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericanas, CDMX
Comentarios: pablo.cotler@ibero.mx
El autor es Director del Departamento de Economía.