En la Ciudad de México, el debate por el rescate de animales del Refugio Franciscano se ha querido llevar al terreno de la confrontación política o incluso al del conflicto inmobiliario. Sin embargo, los hechos duros colocan la discusión en otro plano: qué debe hacer el Estado cuando se documenta maltrato animal extremo y la omisión deja de ser una opción.
La intervención del pasado 7 de enero no surgió de una decisión unilateral ni de una presión mediática. Hubo una orden judicial, dictámenes veterinarios y un diagnóstico contundente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que calificó el caso como el más grave registrado en materia de maltrato animal. Animales con caquexia, tumores sin atender, heridas abiertas, comida contaminada y fauna nociva forman parte del expediente, no de una narrativa política.
El Gobierno de la Ciudad optó por un camino complejo: rescatar a los animales sin asumir el conflicto entre particulares por el predio. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, fue clara al señalar que la administración capitalina no intervendrá en la disputa legal ni otorgará permisos para desarrollos inmobiliarios. Separar ambos temas no es menor; es un intento por evitar que el bienestar animal quede atrapado en intereses ajenos a su causa.
Más allá del operativo, el caso se convirtió en un punto de inflexión para una agenda que llevaba años fragmentada. El anuncio de un decálogo de acciones -desde mercados libres de venta de animales hasta la regulación de refugios y la ampliación de infraestructura veterinaria- apunta a convertir la reacción en política pública, con plazos, espacios y responsabilidades claras. La diferencia entre el gesto y la estrategia suele medirse justo ahí.
La participación de instancias como la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y la Brigada de Vigilancia Animal refuerza la idea de que no se trató de una acción improvisada, sino de una intervención institucional ante un escenario límite. Cuando los refugios colapsan, la pregunta deja de ser quién falló primero y pasa a ser quién responde después.
El reto, a partir de ahora, será sostener esta agenda más allá del caso mediático. La construcción de albergues, hospitales y clínicas deberá acompañarse de reglas claras, supervisión constante y una corresponsabilidad social real. Porque proteger a los animales no es solo un acto de gobierno, también es un reflejo del tipo de ciudad que se quiere construir.
En una ciudad donde durante años el bienestar animal dependió más del esfuerzo voluntario que de la política pública, el caso del Refugio Franciscano marca un giro incómodo pero necesario: cuando el Estado entra, no todos quedan conformes, pero los animales -por primera vez- dejan de ser invisibles.
Por cierto:
1. ADIÓS. En los pasillos de Morena todavía se comenta el episodio que marcó el quiebre de Gaby Jiménez con Azcapotzalco: el abucheo en un acto interno no fue un accidente, sino el desenlace de un desgaste previo por inconformidades locales y falta de acuerdos. Quien alguna vez creyó tener control territorial chintololo, terminó enfrentando el pulso real de la base.