Hasta ahora el registro obligatorio de identidad telefónica celular, si así le pudiéramos llamar, es apenas un intento. Una idea en proceso (ideota, sería mejor), un intento, un esfuerzo incipiente (e insipiente), cuya utilidad queda muy lejos de comprobación.
Lo fácilmente visible, en cambio, son los fracasos anteriores de este régimen (y los anteriores) en cuanto a los afanes registrales.
Lo más grave no ocurre con los teléfonos celulares ni con las motocicletas compradas en el supermercado o en tiendas de abonos chiquititos. No. Sucede y se sufre todos los días, con las propiedad inmobiliaria como caso grave. ¿Son admisibles las dimensiones del fracaso catastral de la propiedad, la monstruosidad de la escasa escrituración de inmuebles de todo tipo?
En el año 2013 se ofrecían estos datos:
“…En México hay casi 13 millones de viviendas que no cuentan con una documentación que acredite su regularización o propiedad y buena parte de ellas están asentadas en zonas de alto riesgo, según datos de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), aseguró el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Jorge Carlos Ramírez Marín”.
Obviamente al no tener documentos (no sólo expulsamos campesinos pobres e indocumentados) las casas no están inscritas en registro público alguno. Y a pesar de incidir fiscalmente en la anemia del catastro urbano, a nadie en el gobierno parece importarle tal asunto. Les preocupa más un teléfono celular como herramienta pára potenciales delitos aunque las llamadas fraudulentas tengan prefijos del extranjero. Y ni eso pueden controlar.
La campaña actual de registro celular no es ni novedosa ni útil. Es en el mejor de los casos la prolongación de un fracaso confirmado.
Hace pocos años, en pleno auge del obradorato (2021), henchidos de fervor patrio y preocupación por el bienestar y seguridad de los sufridos mexicanos flagelados por la inseguridad, los senadores de Morena, comandados por Eduardo Ramírez, actual gobernador de Chiapas (locación de la chingada, pues) aprobaron un salvífico dictamen: por cincuenta y cuatro votos favorables, diez abstenciones y 49 apátridas en contra, crearon el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut).
En aquel tiempo dijo Ricardo Monreral:
“…Ni las autoridades ni los concesionarios en materia de telecomunicaciones están capacitados para manejar ese cúmulo de información”; además, las disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones relacionadas con la obligación de instaurar y mantener el Renaut constituían --según la ley--, una violación a las libertades y a los derechos individuales de los gobernados.
El registro contemplaba datos biométricos (como tiempo después se intentó con la CURP, ya en esta administración), y fue considerado por el juez Juan Gómez Fierro lesivo a los Derechos Humanos e insuficiente para demostrar riesgos de inseguridad pública. Luego el juez fue perseguido por Morena, casi como enemigo de la patria, durante la acordeonada Reforma Judicial.
Cuando esto ocurrió muchos recordaron el estrepitoso fracaso de aquel plan infame del zedillismo: el Registro Nacional de Vehículos, puesto en marcha por Ricardo Miguel Cavallo un argentino de criminal conducta durante la guerra sucia en el aquel país y coordinado institucionalmente por el subsecretario de SECOFI, Raúl Ramos Tercero, quien terminó suicidándose con un cortapapeles, en un bucólico paraje de La Marquesa cuando el negociazo fue descubierto.
“(La jornada).- El encargado del proceso para la puesta en marcha del Renave fue Raúl Ramos Tercero, subsecretario de Normatividad de la Secofi. Sobre éste recayó –a la detención de Cavallo– la responsabilidad de explicar cómo el gobierno mexicano avaló dicha concesión millonaria, sin haber investigado exhaustivamente los antecedentes de los directivos y socios de las firmas ganadoras”.
Hoy las cosas son distintas, pero no tan diferentes. Este país no aprende. O no quiere aprender.
¿Para eso extinguieron al INAI? Los datos ciudadanos como pila de agua bendita. Todo mundo les mete la manita.
Hoy las identidades e información sensible de millones ya están a la vista y en poder de medio mundo.