Hay cifras que, por su magnitud, deberían bastar para colocar un territorio en el centro de cualquier discurso internacional sobre seguridad, sobre todo en el marco de la violencia verbal esgrimida contra nuestro país en lo que va del mandato del presidente Donald Trump. Entre 2015 y 2024, de acuerdo con las estadísticas de mortalidad del INEGI, en México se registraron 322,308 homicidios intencionales. De ese total, 33,124 ocurrieron en Guanajuato (10.2% del total nacional). Ninguna otra entidad concentra una cifra semejante. El Estado de México, segundo lugar nacional, acumuló 30,536 asesinatos, y Baja California y Chihuahua rondan los 23 mil.
La desproporción es todavía más elocuente cuando se hacen comparaciones agregadas: la suma de los homicidios registrados en Ciudad de México (11,286), Morelos (10,091), y Nuevo León (10,067), no alcanza el total acumulado de Guanajuato en la última década. Y, sin embargo, Guanajuato no figura en la narrativa dominante del gobierno estadounidense, ni en el nacional, cuando se habla de “territorios problema”, fentanilo, crimen organizado o amenazas a la seguridad nacional.
Esta omisión no es menor. A lo largo de diez años, Guanajuato pasó de registrar 969 homicidios en 2015 a más de 4,000 anuales en el tramo final del periodo. El punto de inflexión fue claro: entre 2017 y 2020 la violencia se aceleró de manera abrupta, hasta alcanzar un máximo histórico de 5,083 homicidios en 2020. Aunque después hay una ligera reducción, el nivel nunca vuelve a los umbrales previos. El promedio anual de asesinatos en la entidad, en los últimos cinco años, se mantiene persistentemente por encima de los 4,000 casos. Se trata, sin duda, de un patrón estructural de violencia extrema.
Desde una lectura simplificada, la explicación de su ausencia en el radar estadounidense suele reducirse a una hipótesis: Guanajuato no sería un territorio central en la producción de fentanilo u otras drogas sintéticas destinadas al mercado norteamericano. Bajo esa lógica, el interés de Washington se concentraría en entidades fronterizas o en aquellas donde la evidencia de laboratorios clandestinos y rutas de tráfico es incuestionable. Sin embargo, esa explicación resulta, cuando menos, incompleta. En Guanajuato los medios locales han documentado hallazgos de narcolaboratorios; se han registrado eventos con artefactos explosivos, amenazas de bomba y ataques de una violencia inusitada contra fuerzas de seguridad. En la última década, además, se ha asesinado a más policías que en cualquier otro estado del país. La idea de que se trata de un territorio “periférico” en la economía y logística criminal es difícil de sostener.
La clave parece encontrarse en otro plano: el económico-estratégico. Guanajuato es la sede del clúster automotriz más importante de México. En su territorio se concentran plantas de ensamblaje, autopartes, logística y cadenas de suministro profundamente integradas al mercado norteamericano. A ello se suma su articulación con el clúster aeroespacial del Bajío, particularmente con Querétaro, y una infraestructura carretera que lo convierte en un nodo logístico fundamental del país. Guanajuato no es solo un estado violento; es un territorio clave para la continuidad de cadenas globales de valor. Colocarlo “en la mira” implicaría reconocer que uno de los pilares industriales de México opera en un entorno de violencia extrema y descomposición institucional, con consecuencias potenciales para la inversión, el comercio y la estabilidad regional.
Pero esta explicación, aun siendo relevante, tampoco alcanza a responder la pregunta de fondo. La economía formal, por sí sola, no explica por qué en un estado con altos niveles de inversión extranjera, corredores industriales consolidados y una aparente fortaleza productiva se han cometido más de 33,000 asesinatos en diez años. Tampoco explica por qué Guanajuato se ha convertido en uno de los territorios con mayor número de personas desaparecidas en el país. Algo más profundo está en disputa.
Lo que se observa allí es una forma extrema de competencia por el control territorial, no necesariamente orientada a un solo mercado ilícito, sino a la captura de rentas múltiples: control de corredores logísticos, extorsión sistemática, robo de combustible, control de mercados locales, disciplinamiento social y captura de instituciones. En ese contexto, los homicidios masivos, los ataques a policías y el uso de explosivos funcionan como mensajes, no solo entre grupos criminales, sino hacia el Estado y la sociedad.
Desde esta perspectiva, la ausencia de Guanajuato en el discurso de seguridad estadounidense no refleja una evaluación objetiva del riesgo, sino que pareciera obedecer a una jerarquización económico-política de los territorios. No todos los espacios violentos son problematizados de la misma manera. Aquellos que cumplen funciones estratégicas para la economía tienden a ser narrados desde la óptica de la estabilidad productiva, incluso cuando esa estabilidad se sostiene sobre niveles de violencia socialmente intolerables. El silencio, en este sentido, no es neutral sino funcional.
La pregunta, entonces, no es solo por qué Guanajuato no está en la mira de Trump, sino qué tipo de violencia resulta visible y cuál permanece normalizada cuando convive con intereses económicos de gran escala. Guanajuato encarna una paradoja incómoda: es simultáneamente uno de los territorios más violentos de México y uno de los más integrados a la economía norteamericana. Reconocerlo plenamente implicaría aceptar que la violencia extrema no es un fenómeno marginal ni ajeno a los procesos de desarrollo, sino una de sus sombras más persistentes y peor aún, quizá, un componente estructural de ese curso de desarrollo. Y quizá por eso, mirar de frente a Guanajuato resulta inconveniente para muchos intereses en juego.
Investigador del PUED-UNAM