Pablo Gómez Álvarez, militante del partido comunista en los sesenta del siglo pasado, diputado al Congreso de la Unión por la vía de representación proporcional y mayoría relativa por diversas agrupaciones políticas, la más reciente por Morena, es quien dirige los trabajos de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Este político viejo, beneficiado con una “pluri” en 1979 con la reforma electoral que democratizó el Congreso de la Unión con la incorporación de diputados electos bajo el principio de representación proporcional, tiene el encargo de eliminar esta figura jurídica-política de la Constitución, transformar la credencial y reducir el costo de los comicios mediante la eliminación del financiamiento de los partidos políticos.
Este personaje de la izquierda mexicana, que participó en el movimiento estudiantil de 1968, es el responsable de proponer una reforma constitucional, que puede regresar al país a un diseño constitucional como aquel en que floreció el autoritarismo mexicano de partido hegemónico, que lo encarceló por la expresión de sus ideas políticas. El ex presidente del Partido Socialista Unificado de México, entre 1982-1988, fundador del Partido de la Revolución Democrática (1988) y de Morena (2011) pretende eliminar el financiamiento público a los partidos políticos, pero olvida que estas prerrogativas son fundamento del pluralismo efectivo, que permitió su carrera legislativa.
Hoy, Pablo Gómez Álvarez, en contra punto a su historia pública personal, prefiere que sea la voluntad mayoritaria aislada, como sucedía en los tiempos del PRIATO, la que modifique la Constitución y repudia el consenso como la vía para la aprobación de la eventual reforma electoral. La autonomía, que es sinónimo de libertad en los individuos e imparcialidad y objetividad en las organizaciones, debe eliminarse para quienes organizan y supervisan las elecciones, quienes deben ser independientes sólo en lo administrativo bajo el control de un superior.
Esta semana la mayoría de los consejeros del INE acudieron a presentar sus propuestas para la reforma electoral en ciernes y fueron recibidos con cajas destempladas por Pablo Gómez, quién les dijo que “un órgano administrativo como el INE no puede ser autónomo, pero debe tener independencia en sus resoluciones”. Esto lo pone en la línea de los duros de Morena que quieren garantizar el resultado de las elecciones desde el gobierno.
Los ideólogos del oficialismo han convertido el debate sobre la reforma electoral en una cuestión de costos y de la falta de representación de la representación proporcional. Con esto ¿realmente quieren mejorar la vida democrática del país? Hay que señalarles que la desaparición de los “pluris” es un retroceso, más que un avance. Revisen el discurso de Pablo Gómez Álvarez cuando tenía treinta años, ya que hoy a sus ochenta fue muy claro y sostiene que el gobierno no busca consenso con lo que proponga la mayoría (como la priista del pasado que vivió), sino una adhesión incondicional al proyecto de la 4T, que dirige a primera vista la presidenta. Sin embargo, su jefa ya le corrigió la plana y declaró que la autonomía del INE no será afectada con la iniciativa de reforma que eventualmente envíe al Congreso de la Unión y que se explora un formato diferente para elegir a los pluris. En lo que coinciden, Sheinbaum y Gómez, es que no habrá reuniones con la oposición para debatir la reforma.
La especulación sobre el contenido de la propuesta de reforma electoral, que no existe según lo declarado por el Diputado Ricardo Monreal, se apoya en las líneas de acción marcadas por el Plan C de López Obrador, que hasta hoy es el libreto de este gobierno. ¿Algo cambió con la captura de Maduro? No lo sabremos con antelación a la presentación de la iniciativa.
Lo cierto es que la presidenta ya fijó los cauces de la narrativa: el oficialismo sostendrá que la reforma profundizará la democracia y la oposición que es la ruta venezolana, que condujo a la dictadura de Maduro. Si el gobierno logra una reforma que limite la autonomía del INE, elimine los pluris y reduzca el financiamiento de los partidos, el escenario político probable será uno dominado por un partido hegemónico, cuya dirigencia será la que determine quienes participaran en elecciones de muy baja competitividad. Entonces, la lucha política será entre los moderados y los radicales de Morena y el grupo ganador purgará al perdedor.
La autonomía efectiva de entes públicos no gubernamentales, INE y partidos políticos, son los garantes del pluralismo, la democracia electoral y la alternancia en el poder factible. En ese sentido, no extrañará que, si pasara una reforma que limite su independencia a lo administrativo, comprometiendo la objetividad e imparcialidad de los consejeros y la libertad de los partidos, la iniciativa sea motejada por sus opositores como la “Ley Maduro”. Esperemos.
Investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales y del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores
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