El primero de octubre de 2024 quedará inscrito en la historia de México. Por voluntad popular, Claudia Sheinbaum asumió como la primera presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Más allá de afinidades o diferencias políticas, su llegada al poder representa un hecho inédito: por primera vez, una mujer encabeza el Ejecutivo federal, rompiendo un techo de cristal largamente postergado en la vida pública del país.
En su discurso de toma de protesta y en diversos actos posteriores, la presidenta ha reiterado la frase “no llego sola, llegamos todas”. La consigna busca sintetizar décadas de luchas de mujeres que, desde distintos espacios —la familia, el trabajo, la política o los movimientos sociales—, han contribuido a la construcción del país. También alude a las aspiraciones de las generaciones futuras, que hoy pueden imaginarse ocupando cualquier ámbito de la vida pública.
Sin embargo, la realidad obliga a matizar ese mensaje. No todas las mujeres han llegado ni llegarán. Desde hace casi dos décadas, México vive un conflicto interno asociado a la guerra contra el narcotráfico, cuyas consecuencias han alcanzado de manera diferenciada a hombres y mujeres, tanto en su papel de víctimas como, en algunos casos, en su papel de victimarias.
Un reciente estudio académico publicado por la Universidad Iberoamericana muestra que, aunque las mujeres representan una proporción menor del total de víctimas de homicidio, la violencia también las ha afectado de forma significativa. Entre 2007 y 2023 se registraron 445 mil 442 víctimas de homicidio en el país; de ellas, el 10.9 por ciento fueron mujeres. A estas cifras habría que sumar los casos de personas desaparecidas, que con más de 310 mil víctimas agrava el saldo humano de este conflicto.
En el caso de las desapariciones, el mismo estudio documenta un patrón particularmente preocupante. La entrada de cárteles a los municipios se asocia con un aumento tanto de desapariciones en general como de mujeres desaparecidas en particular. Utilizando datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), se observa que el número de personas desaparecidas se incrementó tras el inicio de la llamada guerra contra las drogas, y que las mujeres representan el 39.6 por ciento del total de víctimas, lo que equivale a aproximadamente 123 mil mujeres desaparecidas.
La edad es un factor clave. Las mujeres son el grupo mayoritario entre las víctimas de desaparición antes de los 19 años. El 21.6 por ciento del total de las víctimas son mujeres adolescentes entre 11 y 19 años. A partir de esa edad, los hombres predominan, en consonancia con los patrones de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado. En el caso de las mujeres, la alta incidencia de desapariciones en edades tempranas resulta especialmente alarmante y es consistente con dinámicas asociadas a la trata de personas y la explotación sexual.
Los datos son contundentes. Antes de los 11 años, aproximadamente la mitad de las personas desaparecidas son mujeres. Entre los 12 y los 18 años, esta proporción no desciende del 50 por ciento y alcanza un pico del 75 por ciento entre los 14 y 15 años: tres de cada cuatro personas desaparecidas en ese rango de edad son mujeres. A partir de los 19 años, la proporción femenina cae de forma sostenida hasta representar alrededor del 20 por ciento en edades adultas.
El estudio también subraya fuertes disparidades regionales. Jalisco y el Estado de México concentran el mayor número de desapariciones, siendo esta última entidad la que registra más casos de mujeres desaparecidas con más de 15 mil mujeres desaparecidas. En contraste, Tlaxcala y Campeche presentan los menores registros, con algo más de 600 casos cada una, aunque estas cifras deben interpretarse considerando el tamaño poblacional de cada estado.
Estas dinámicas territoriales se replican, en parte, en los homicidios. Si bien el análisis muestra que los homicidios de mujeres aumentan en zonas con presencia de organizaciones criminales, el mismo patrón no se observa en el caso de los feminicidios. Es decir, muchas mujeres están siendo asesinadas como consecuencia indirecta de la violencia criminal, no necesariamente por razones de género. Este hecho no implica negar la existencia ni la gravedad de los feminicidios, cuyas causas requieren análisis específicos.
Los desafíos para el gobierno son enormes. Más allá de las buenas intenciones y los discursos simbólicos, la violencia sigue amenazando a las generaciones más jóvenes, especialmente a las mujeres. Es importante construir mecanismos de prevención y alerta temprana que protejan a niñas y adolescentes, y evitar que México herede generaciones marcadas por la violencia.
Si la violencia continúa desbordándose en todas sus formas, el riesgo es claro: en el futuro, difícilmente se podrá afirmar que, efectivamente, llegaron todas.
Análisis de especialistas de la Universidad Iberoamericana son presentados a nuestros lectores cada 15 días en un espacio que coordina el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, CDMX
Comentarios: pablo.cotler@ibero.mx
El autor es profesor-investigador del Departamento de Economía.