Uno de los mayores problemas sociales que enfrentamos en México es el relativo a la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso. Generalmente se les ubica como un “problema de salud pública”, pero en realidad estamos ante un problema multifactorial que va de lo económico, pasando por lo social, y en su fase más problemática, efectivamente en el ámbito de la salud.
La obesidad no es por lo tanto un problema que pueda y deba atenderse exclusivamente en el ámbito clínico. Estamos ante uno de los retos socioeconómicos de mayor complejidad en la realidad mexicana contemporánea. Esto es así porque resolverlo implica desde cuestiones de pobreza hasta cuestiones relacionadas con la disponibilidad de infraestructura social, así como de condiciones de seguridad pública que les impiden a las personas activarse físicamente. A ello debe agregarse la estructura económica que tenemos y que le obliga a la mayoría de las personas trabajadoras a desplazarse grandes distancias que implican trayectos de mucho tiempo.
De acuerdo con los datos del boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud hasta la semana 7 del 2026, hoy es decir hasta el día 24 de febrero, se habían atendido por instituciones del sector salud mexicano a 32,048 hombres y a 56,152 mujeres por obesidad. Hola este dato contrasta con los 68,773 casos reportados en el mismo periodo del año previo por la propia Secretaría de Salud. Lo anterior implica Un crecimiento de 28.2 por ciento en el número de casos que han sido atendidos por la causa señalada.
Hoy tenemos entonces no solamente una prevalencia del número de casos, sino un continuo y al parecer acelerado incremento en el número y porcentaje de personas que tienen problemas de peso o ya también problemas de obesidad, lo cual se relaciona con la inmensa cantidad de personas que viven con diabetes o con enfermedades del corazón.
De acuerdo con los datos del primer informe de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum en México fallecieron sólo en 2025, 113,409 personas por diabetes mellitus tipo II, así como 198,828 personas por enfermedades del corazón, de las cuales, la inmensa mayoría son casos de hipertensión arterial. Como puede observarse cada año fallecen alrededor de 300,000 personas por estas dos causas de enfermedad y muerte, las cuales están directamente relacionadas con la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso.
Ahora bien, se ha dicho qué México cuenta con una política pública integral y humanista; sin embargo, en realidad lo que se está observando es que en los hechos este tipo de agendas no están siendo atendidas de manera pertinente o incluso han sido descartadas de la discusión pública. En efecto la política social de la llamada cuarta transformación se ha centrado en la transferencia de dinero de manera directa a la población; lo cual puede relacionarse con la agudización de las condiciones que permiten que la obesidad y el sobrepeso sigan creciendo de manera exorbitante, con los costos humanos que ya se ha mencionado, pero además con los costos financieros históricos, debido a los enormes gastos que tienen las familias para atender este tipo de enfermedades; amén del costo fiscal que implica para las instituciones del Estado la atención médica y hospitalaria.
Desde hace ya al menos 10 años se emitieron alertas epidemiológicas en el país respecto justamente de la obesidad, de la diabetes y de la hipertensión; sin embargo, esto no se tradujo en una acción coordinada de todas las dependencias del sector social ni tampoco en una estrategia nacional coordinada con entidades y municipios a fin de reducir la mortandad, la enfermedad y sus secuelas que esto está teniendo para millones de personas.
Para dimensionar lo anterior basta con mencionar como ejemplo el impacto que está teniendo este tipo de enfermedades en la epidemiología de la discapacidad en el país. Hay cada vez más personas que pierden la vista debido al glaucoma o a retinopatías asociadas a la diabetes, personas amputadas debido al llamado pie diabético, así como personas con problemas de movilidad y daño severo a las articulaciones, debido al sobrepeso y la obesidad.
Lo urgente es que el gobierno de la República pueda repensar y replantear las políticas sociales y en general su estrategia de desarrollo social, que es mucho más que el mero combate a la pobreza; ámbito en el que, por cierto, no han sido los programas sociales los que han impactado en mayor medida en la reducción del número de personas consideradas como pobres, sino el incremento sostenido y sustantivo en el nivel del salario mínimo general en el país.
Todo lo anterior significa cambiar radicalmente la visión y objetivo final de la política social. Lo que debería buscarse en primerísimo lugar es reducir significativamente la enfermedad y la muerte evitable, y lo anterior sólo puede lograrse si se tiene como horizonte de la política social la garantía, tal como lo establece el artículo primero constitucional, universal, integral y progresiva de todo el catálogo de los derechos humanos que están reconocidos en nuestra carta magna y que son de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones del Estado.
Como se observa, la política social del Estado mexicano ha errado su objetivo y horizonte primordial; debe y urge comenzar con la protección de las niñas y niños, partiendo de la garantía real del principio del interés superior de la niñez. Seguir postergándole implica, hay que decirlo con todas sus letras, un despropósito.
Investigador del PUED-UNAM