La reciente inauguración de la Capacitación Anual en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por parte de la fiscal general Ernestina Godoy Ramos, representa un momento significativo en la evolución institucional de la Fiscalía General de la República (FGR). En su discurso, la titular enfatizó que estos principios, no son meros formalismos administrativos; hoy son derechos humanos que forman el núcleo de la legitimidad de la institución.
Esta afirmación adquiere un peso histórico en un contexto donde la FGR ha enfrentado durante décadas críticas por opacidad, filtraciones selectivas y uso político de la información reservada.
Históricamente, la procuraduría, y luego fiscalía, ha sido vista como un espacio de poder discrecional, donde la secrecía se usaba a menudo como escudo para encubrir irregularidades, proteger intereses particulares o, en el peor de los casos, instrumentar persecuciones selectivas. Las filtraciones a medios conocidas como “goteras” informativas han sido una práctica recurrente para influir en la opinión pública, presionar a imputados o desviar la atención de casos sensibles. En contraste, las declaraciones de Godoy Ramos marcan un giro discursivo claro: la institución reconoce que opera con información sensible y que cada decisión impacta directamente en la ciudadanía, la gobernanza y la solidez institucional.
El énfasis en actuar bajo “mayor escrutinio público”, ofrecer “respuestas sólidas y versiones públicas responsables”, prevenir filtraciones y mantener actualizado el documento de seguridad, refleja una consciencia de que la legitimidad ya no se construye solo con resultados judiciales, sino con confianza social. La frase “transparencia con sentido social” resume esta postura: no se trata de abrir todo indiscriminadamente, lo cual sería irresponsable en investigaciones penales, sino de equilibrar la protección firme de la información con una apertura que fortalezca la democracia y el combate a la corrupción.
Este mensaje cobra mayor relevancia en el panorama actual de seguridad nacional. En paralelo, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha presentado datos contundentes: una reducción del 44% en el promedio diario de homicidios dolosos desde septiembre de 2024 hasta febrero de 2026, con febrero de 2026 como el mes más bajo en una década. Estos avances, respaldados por más de 46 mil detenciones por delitos de alto impacto, decomisos masivos de armas y drogas, y desmantelamiento de laboratorios, dependen en gran medida de una Fiscalía que investigue con rigor, sin sesgos ni manipulaciones informativas.
Una FGR que filtra selectivamente o que oculta información clave, socava precisamente la credibilidad del sistema de justicia que sostiene la estrategia de seguridad. Por el contrario, una institución que cierra filas en torno a la disciplina institucional, resguarda expedientes, garantiza privacidad y divulga datos abiertos de manera responsable, contribuye directamente a la confianza ciudadana y al éxito de políticas como la Estrategia Nacional de Seguridad.
El exhorto de Godoy Ramos a informar de manera “clara y equitativa”, observar el interés público y fortalecer la democracia mediante datos abiertos no es solo retórica. En un país donde la percepción de impunidad sigue siendo alta pese a las bajas en ciertos indicadores de violencia, la transparencia con sentido social puede ser el puente que conecte los avances operativos con una percepción real de justicia.
La capacitación anual, que busca permear en todas las unidades administrativas y generar cohesión institucional, es un paso concreto hacia esa dirección. Si se traduce en prácticas consistentes —y no queda en discurso—, podría marcar un antes y un después, pasar de una fiscalía percibida como opaca y politizada a una que, bajo escrutinio público, consolide su rol como pilar del Estado de derecho.
En última instancia, la legitimidad de la FGR no se mide sólo por condenas obtenidas o delitos resueltos, sino por la confianza que genera en la sociedad. La apuesta de la fiscal por la transparencia responsable y la protección de datos como derechos humanos es, en ese sentido, un impacto histórico que México necesitaba desde hace tiempo.
Queda ahora mostrar con hechos que esta postura no es coyuntural, sino estructural.