En teoría el Estado es uno y se encuentra integrado por leyes, instituciones y tribunales. Pero en los territorios donde la narco-política ha echado raíces profundas emerge una segunda arquitectura de poder, invisible en los organigramas pero perfectamente funcional. No es un Estado fallido como se decía en el pasado, sino un Estado bifurcado, donde la fachada democrática coexiste con una bien estructurada red de pactos, omisiones y complicidades, que tiene sus propias jerarquías, sus propias leyes no escritas y su propia capacidad de coerción. Lo perturbador no es que el crimen organizado desafíe al Estado, sino que frecuentemente lo habita. El narco no siempre está afuera tocando la puerta, a menudo ya está adentro, sentado en la mesa donde se toman las decisiones políticamente significativas.
La narco-política no surge al improviso. Representa un lento proceso que sigue una ruta previsible: primero el financiamiento de campañas electorales a cambio de protección, luego la colocación de operadores en puestos clave y después, la normalización de la impunidad como regla de convivencia social. Con el tiempo, se vuelve muy difícil distinguir dónde termina el Estado legítimo y dónde comienza el Estado paralelo. Periodistas, jueces y funcionarios honestos descubren rápidamente que la frontera que cruzaron al defender la legalidad o investigar los crímenes no era institucional sino existencial. Lo que hace muy sofisticada a la narco-política actual, es su comprensión del valor de la legitimidad formal. Los grupos criminales no buscan solo corromper, ahora pretenden gobernar y para ello dan vida, en complicidad con muchos políticos tradicionales, a un Estado dual.
Esta idea del doble Estado -acuñada por el jurista Ernst Fraenkel para describir la coexistencia entre un Estado normativo y un Estado de prerrogativa en la Alemania nazi- ha encontrado una resonancia inquietante en el análisis de las democracias latinoamericanas capturadas por el crimen organizado. Su argumento central es que el doble Estado sirve para ocultar el carácter contradictorio del régimen político que busca incrementar la eficiencia del Estado por vía de la arbitrariedad, dentro del marco de estructuras institucionales manejables a discreción. Su concepción se contrapone tanto a la democracia liberal en la cual los sujetos del conflicto son abstractamente individuos en lo particular, como a la democracia roussoniana que excluye a las sociedades parciales en nombre de una presunta e irreal homogeneidad social rápidamente transformada en democracia totalitaria.
Si la democracia es el gobierno del poder visible, del poder que toma decisiones en público, a la luz del día; entonces el poder invisible que actúa en el anonimato y conspira en la oscuridad, es en esencia no democrático. El poder invisible está cotidianamente presente y su actuar sigiloso se despliega en todas direcciones de manera continua y en la penumbra, tal y como lo evidencia el fenómeno de la delincuencia organizada. El doble Estado se caracteriza por el control físico de amplias zonas del territorio nacional, por la disputa del monopolio legítimo de la fuerza, la erosión de la autoridad y el abandono a su suerte de importantes sectores de la población generando un gobierno débil e ineficaz.
Actualmente, en algunas zonas del país los grupos del narcotráfico tienen una muy amplia base social. Ellos proveen seguridad selectiva, resuelven conflictos locales, financian obras, organizan festividades y fiestas patronales. El crimen organizado construye consenso donde el Estado oficial ha sido ausente o predatorio. Todo esto produce una paradoja lacerante: en algunas comunidades, el doble Estado no es percibido como usurpador, sino como el único Estado realmente existente. La lealtad no se compra únicamente con miedo, sino también con presencia. Es un Estado invisible que coexiste con un Estado visible. Al parecer, el sistema político mexicano que históricamente dio viabilidad al Estado y a las normas jurídicas que lo sustentan no funciona más.