Durante años, la conversación pública en torno a la inclusión ha estado dominada por declaraciones, compromisos y buenas intenciones. Hoy, sin embargo, el estándar es otro. Ya no basta con decir que se es incluyente. En una democracia madura, la inclusión no se proclama: se demuestra.
La paridad de género abrió una puerta fundamental. Estableció un piso mínimo de representación entre hombres y mujeres y obligó a los partidos y a las instituciones a modificar inercias históricas. Pero ese avance, por sí mismo, resultó insuficiente para reflejar la complejidad de la sociedad mexicana. Por ello, el Instituto Nacional Electoral ha impulsado acciones afirmativas que obligan a incorporar en candidaturas a personas de la diversidad sexual, así como a integrantes de comunidades indígenas, afromexicanas, personas con discapacidad y migrantes.
Son medidas necesarias. Pero no son el punto de llegada.
Porque hay una diferencia de fondo entre cumplir con una cuota y transformar una institución. Las cuotas obligan a abrir espacios; la transformación ocurre cuando esos espacios se ocupan en los niveles donde realmente se decide.
Ahí es donde la narrativa se somete a prueba.
En el caso del INE, más allá del cumplimiento de acciones afirmativas en candidaturas, hay un dato concreto que no puede soslayarse: en la Junta General Ejecutiva —el órgano donde se conduce la operación cotidiana del Instituto— hoy participan personas que forman parte de la comunidad LGBTTTIQ+ y al menos una persona que se identifica como indígena. No es un gesto simbólico ni una concesión discursiva. Es una decisión que se refleja en la integración del núcleo de poder administrativo del Instituto.
Y eso cambia la conversación.
Porque entonces la inclusión deja de ser una promesa y se convierte en un hecho verificable. No es menor que la diversidad llegue a esos espacios. Es, en realidad, lo que le da sentido a toda la arquitectura de acciones afirmativas construida en los últimos años.
En este punto, también es necesario introducir una precisión que, aunque incómoda para algunos, resulta indispensable para la consistencia del debate público: la paridad no puede interpretarse de manera selectiva.
Excluir de la contabilidad de la paridad de género a Guadalupe Taddei Zavala no sólo es un error técnico; es una contradicción de fondo. Se trata de una mujer —la primera en encabezar el Consejo General del INE— y, por tanto, su presencia forma parte inherente de cualquier análisis serio sobre representación de género. Pretender lo contrario implica desvirtuar el sentido mismo de la paridad.
Más aún, cuando esta exclusión se articula desde disputas políticas específicas, el riesgo es mayor: se desdibuja una conquista colectiva al convertirla en herramienta coyuntural. La paridad de género no puede someterse a criterios de afinidad o desacuerdo político. Hacerlo no fortalece la causa; la debilita.
Por eso, cuando algunos colectivos o actores deciden desconocer esa realidad, no sólo incurren en una inconsistencia argumentativa, sino que terminan por tensionar —e incluso vulnerar— la propia concepción de la paridad que buscan defender.
Lo que está en juego no es un debate semántico. Es la credibilidad de las instituciones y la seriedad con la que se abordan las agendas de igualdad.
En ese sentido, la conducción de la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala ha introducido un elemento que merece ser valorado más allá de la coyuntura política: la inclusión como práctica, no como discurso. La integración de perfiles diversos en la Junta General Ejecutiva no responde a una obligación legal directa, sino a una definición institucional sobre el tipo de órgano que se quiere construir.
Y ahí es donde se vuelve evidente la diferencia entre quienes hablan de inclusión y quienes la ejercen.
Porque cuando la diversidad está presente en los espacios donde se toman decisiones —cuando incide, cuando participa, cuando forma parte del día a día institucional— deja de ser un tema de agenda para convertirse en una realidad estructural.
La paridad fue el primer paso. Las acciones afirmativas ampliaron el horizonte. Pero la inclusión sustantiva —la que se acredita en los hechos— es la que finalmente redefine a las instituciones.
Y en ese terreno, conviene no perder de vista lo esencial: la inclusión no puede ser parcial, ni selectiva, ni condicionada por la disputa política. Porque cuando eso ocurre, deja de ser inclusión y se convierte en otra forma de exclusión.
Ese es el riesgo que hoy está sobre la mesa. Y también, la oportunidad de corregir el rumbo.