El gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheiunbaum enfrenta uno de los momentos más complejos de su gestión. A raíz de los señalamientos que el gobierno estadounidense ha realizado en contra del gobernador sinaloense, Rubén Rocha Moya, del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, el senador de la República, Enrique Inzunza, así como de siete servidores públicos estatales más, la estabilidad del gobierno mexicano se ha tambaleado la relación con la administración de Donald Trump, al tiempo que ha quedado expuesta su debilidad al interior de Morena, particularmente con algunos de sus sectores más radicales. Por si eso no fuera poco, nuevos elementos de la misma trama, así como asuntos relacionados con la red de huachicol y la falta de oficio de algunos de sus colaboradores, se suman al de por sí delicado momento que viven la presidenta y su gobierno.
En el caso del involucramiento de servidores públicos y militantes de Morena en acciones relacionadas con la delincuencia organizada, los últimos días han servido como espacio y momento para alimentar la especulación sobre los próximos nombres que darán a conocer las autoridades norteamericanas. Apenas hace unos días, Todd Blanche, fiscal general interino, anticipó más acusaciones a funcionarios y políticos mexicanos por nexos con cárteles del narcotráfico. Las apuestas corren para saber qué tan pronto vendrá la siguiente oleada de señalamientos y quiénes serán los personajes sobre los que se posarán las imputaciones. Si a lo anterior agregamos la incertidumbre que se ha generado sobre el paradero de Rocha Moya y de varios de los señalados, el panorama se torna cada vez más oscuro.
En un asunto similar por su relación con grupos de la delincuencia organizada, pero diferente en matiz por obedecer no al tráfico de drogas, sino de combustible ilegal o de contrabando – conocido como huachicol – y a la defraudación fiscal que ello implica, está el caso de los hermanos Manuel y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contraalmirante, respectivamente, y sobrinos del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda. Fernando Farías, detenido hace unas semanas en Argentina, dijo al periodista Ramón Alberto Garza que él y su hermano son meros chivos expiatorios de una trama que involucra a personajes mucho más poderoso que ellos e incluso que su tío, el almirante Ojeda. Por su parte, la Fiscalía General de la República ha señalado que ambos marinos contaban con la protección de Ojeda, lo que parece profundizar la distancia que existe, cuando menos desde inicios de año, entre el gobierno de la presidenta Sheinbaum y las fuerzas armadas.
Por si no fuera suficiente con los señalamientos de involucramiento de funcionarios con la delincuencia organizada, la falta de oficio político en el gabinete ha venido a complicar el cuadro. Por un lado, el nuevo canciller parece haber descuidado la relevancia de la red consular de México en Estados Unidos – la más grande que cualquier país tenga en el mundo – y ha provocado que el Departamento de Estado norteamericano inicie una revisión para valorar la operación de estos, pues a juicio del gobierno estadounidense se ha hecho un uso político indebido de los mismos. Al mismo tiempo, el secretario de Educación Pública cometió una pifia que le resta autoridad frente a sus homólogos estatales, el magisterio, los padres y madres de familia y prácticamente el resto del sistema educativo: anunciar como inminente y definitivo un cambio en el calendario escolar que finalmente no se concretó frente a la oleada de protestas y, sobre todo, la falta de acuerdo de su jefa, la presidenta Sheinbaum.
Estos hechos que comienzan a acumularse son síntomas que preocupan – o cuando menos deberían de hacerlo – porque su aparición anticipa que el gobierno no marcha bien. Como en la salud, los síntomas no constituyen la enfermedad por sí, sino la materialización de algunos de los efectos de esta. Así como los médicos utilizan los síntomas para diagnosticar la enfermedad y definir su tratamiento, los políticos deben de mirarlos como la advertencia de un problema mayor que subyace y que es necesario atender. Hoy, el diagnóstico sobre lo que sucede en la política mexicana parece claro y el tratamiento resulta obvio. Por un lado, el gobierno está en un dilema que se debate entre mantener la estabilidad político-partidista o conservar una relación sana con su principal socio comercial y aliado internacional. Por otra parte, la presidenta carece de funcionarios eficientes que garanticen la adecuada operación de áreas fundamentales, como son las relaciones internacionales y la educación. Quizá sea momento de superar los síntomas y enfrentar la enfermedad. El paciente aún se puede curar.
Profesor de la UNAM
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