México enfrenta una nueva realidad institucional, financiera y política.
El problema es que los gobiernos estatales en todavía actúan como si nada hubiera cambiado.
Durante décadas, numerosos aparatos locales de gobierno operaron bajo una lógica cerrada, pequeñas estructuras administrativas controladas por grupos políticos, intereses regionales, relaciones personales y mecanismos internos de protección donde la supervisión real era limitada y la rendición de cuentas frecuentemente secundaria, ese modelo hoy está agotado.
El mundo actual ya no permite gobiernos opacos, improvisados o administrados como estructuras familiares de poder. La economía global, los sistemas financieros internacionales, los mecanismos de cumplimiento y las nuevas capacidades de inteligencia financiera observan permanentemente el comportamiento institucional de los países y de sus gobiernos locales.
Y México ya se encuentra bajo observación.
Muchos todavía no comprenden la dimensión del cambio.
Piensan que los riesgos siguen siendo únicamente políticos o mediáticos. No lo son.
Hoy los riesgos son financieros, regulatorios, comerciales y de seguridad nacional.
Las capacidades de supervisión internacional avanzaron enormemente en los últimos años. Organismos multilaterales, autoridades financieras, sistemas antilavado y agencias de inteligencia financiera observan cada vez más la trazabilidad de recursos, los esquemas de contratación pública, las estructuras corporativas, las redes de protección administrativa y los posibles espacios de corrupción o captura institucional.
Estados Unidos, particularmente, ya mantiene una vigilancia permanente sobre flujos financieros, operaciones vulnerables, esquemas de corrupción y posibles riesgos de infiltración criminal o financiera en distintos niveles institucionales de la región que en lo personal celebro.
Y aun así, muchos gobiernos locales siguen actuando como si el entorno fuera el mismo de hace veinte años.
Ese es el verdadero problema.
Todavía existen administraciones que creen que gobernar consiste en repartir posiciones, proteger grupos internos o mantener equilibrios políticos locales, sin entender que hoy la fortaleza institucional se mide también por capacidad de control, trazabilidad, cumplimiento y transparencia.
La corrupción moderna ya no se limita a un acto aislado.
Opera mediante redes complejas, estructuras financieras, simulación corporativa y mecanismos sofisticados de ocultamiento de recursos.
Por eso la fiscalización moderna dejó de ser solamente contable.
Hoy significa inteligencia institucional.
Durante mi experiencia en áreas de control, fiscalización y supervisión pública, particularmente en el Estado de México, quedó demostrado que sí es posible fortalecer mecanismos preventivos, ampliar capacidades de supervisión y construir controles institucionales reales incluso dentro de estructuras complejas, en el tiempo de mi responsabilidad como Subsecretario de la Contraloría en la actual administración, realicé 15 mil 628 acciones de control y evaluación incluyendo 842 auditorías, más de 4 mil 200 inspecciones, 6 mil 435 testificaciones y miles de acciones de seguimiento institucional.
Los resultados alcanzados en acciones de control, auditoría y evaluación no fueron producto de casualidad. Fueron resultado de asumir algo que muchos todavía evitan reconocer, la impunidad institucional representa hoy un riesgo estratégico para el Estado mexicano.
Y enfrentarla exige valor político.
Porque supervisar incomoda.
Auditar incomoda.
Cerrar espacios de discrecionalidad incomoda aún más.
Sin embargo, algunos entendimos desde hace tiempo que el país ya no podía seguir operando bajo inercias administrativas del pasado mientras el entorno internacional evolucionaba aceleradamente.
Existe además una enorme confusión que México debe evitar, no debemos confundir soberanía nacional con tolerancia institucional frente a riesgos internacionales legítimos.
Defender soberanía no significa cerrar los ojos ante exigencias globales en materia de transparencia, prevención de lavado de dinero, combate a la corrupción o trazabilidad financiera.
Los países más fuertes son precisamente aquellos que construyen instituciones capaces de proteger simultáneamente sus intereses soberanos y su credibilidad internacional.
México necesita gobiernos locales que comprendan finalmente que el mundo ya cambió.
Que las viejas prácticas ya no resisten supervisión internacional.
Que los riesgos actuales son mucho más complejos.
Y que la fortaleza institucional dejó de ser opcional.
Porque en el nuevo entorno global, los gobiernos que no evolucionen hacia modelos reales de control, transparencia y prevención terminarán enfrentando no solamente desgaste político interno, sino aislamiento financiero, presión internacional y pérdida progresiva de legitimidad.
La gran pregunta ya no es si debemos cambiar.
La verdadera pregunta es cuántos gobiernos locales entenderán a tiempo que el siglo XXI ya comenzó.