En las narrativas respecto del desarrollo urbano contemporáneo existe una idea recurrente: la de que los mega eventos internacionales constituyen una oportunidad excepcional para acelerar la modernización de las ciudades. Juegos Olímpicos, Expos Universales y Copas Mundiales de Fútbol suelen presentarse como catalizadores de inversión, renovación urbana y proyección global. Sin embargo, frente a esa narrativa optimista, cabe preguntar: ¿para quién se transforma la ciudad?
La realización de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara obliga a formular esta interrogante. No porque el evento carezca de relevancia económica o simbólica, sino porque pone de manifiesto una contradicción estructural que atraviesa a las grandes metrópolis mexicanas: mientras la retórica oficial celebra la competitividad global, la vida cotidiana de millones de habitantes continúa marcada por la desigualdad territorial, los largos tiempos de traslado, la fragmentación urbana, la violencia y la creciente vulnerabilidad climática.
Hace más de medio siglo, Manuel Castells advirtió que la ciudad no puede comprenderse únicamente como una aglomeración física o como un mercado inmobiliario. La ciudad es, sobre todo, un espacio político donde se materializan las relaciones de poder. Las infraestructuras, los equipamientos, los sistemas de transporte y las inversiones públicas expresan prioridades, jerarquías y modelos de sociedad. Desde esta perspectiva, el Mundial representa una poderosa operación de producción del espacio urbano.
El problema radica en que dicha producción del espacio se orientó, principalmente, por la lógica del espectáculo y de la rentabilidad económica. En las tres grandes zonas metropolitanas involucradas, la discusión pública se ha concentrado en estadios, corredores turísticos, movilidad para visitantes y proyectos de imagen urbana. Son inversiones importantes, sin duda; pero resulta inevitable preguntarse qué habría ocurrido si los mismos recursos políticos, financieros e institucionales hubiesen sido movilizados desde una visión integral del derecho a la ciudad. La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce explícitamente el derecho a la ciudad como un principio rector de la acción pública. Este derecho implica que el desarrollo urbano debe orientarse a garantizar inclusión, accesibilidad, justicia espacial, sostenibilidad y participación democrática. Sin embargo, resulta difícil sostener que las intervenciones asociadas al Mundial respondan plenamente a estos principios. La ciudad que necesitan las próximas décadas es una capaz de cuidar, no en un evento, sino todo el año, todos los años, a sus habitantes.
Desde esta perspectiva, sorprende la ausencia de enfoques fundamentales en la planeación vinculada al evento. Las infancias no aparecen como sujetos de derechos bajo el principio del interés superior. Tampoco existe una reflexión suficientemente robusta sobre las necesidades de las personas adultas mayores o de quienes viven con alguna discapacidad. Se habla de accesibilidad en términos operativos, pero rara vez en términos de autonomía, convivencia y ejercicio pleno de derechos.
La ciudad contemporánea enfrenta una transición demográfica sin precedentes. México envejece aceleradamente. Las generaciones más jóvenes demandan espacios públicos seguros, accesibles y ambientalmente sostenibles. El desafío urbano del siglo XXI consiste en construir territorios habitables para todas las edades. Sin embargo, gran parte de las inversiones asociadas al Mundial responden a una lógica temporal y extraordinaria: facilitar el funcionamiento de un evento más que transformar estructuralmente las condiciones de vida de quienes habitan las metrópolis.
La misma crítica puede extenderse al ámbito de la movilidad. Durante décadas, la discusión urbana en México se ha centrado en grandes obras de transporte. No obstante, el problema contemporáneo ya no consiste únicamente en mover personas de un punto a otro, sino en reducir las desigualdades territoriales que obligan a millones de personas a invertir tres o cuatro horas diarias en desplazamientos. Una política urbana inspirada en el derecho a la ciudad habría utilizado el Mundial como una oportunidad para conectar periferias excluidas, integrar barrios históricamente marginados y acercar empleo, servicios y equipamientos a las zonas más desfavorecidas.
La misma omisión resulta evidente en materia ambiental. Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara enfrentan los mayores desafíos ecológicos del país: estrés hídrico, contaminación atmosférica, pérdida de biodiversidad, expansión urbana descontrolada y creciente exposición a eventos climáticos extremos. Sin embargo, la agenda mundialista parece haber relegado a un segundo plano la restauración ecológica del territorio, la ampliación de infraestructura verde, la recuperación de cuencas y la construcción de capacidades de resiliencia urbana.
La cuestión urbana del siglo XXI no puede reducirse a la discusión en torno a la vivienda o por los servicios colectivos. La crisis climática, la transición demográfica, la desigualdad extrema y la fragmentación social han redefinido las fronteras del conflicto urbano. La pregunta central no es entonces solo quién ocupa la ciudad, sino quién puede seguir habitándola en condiciones dignas.
Desde esta perspectiva, el Mundial aparece como una oportunidad desaprovechada. No porque carezca de beneficios económicos ni porque deba rechazarse per se la celebración de eventos internacionales. El problema reside en haber subordinado la visión estratégica de largo plazo a la lógica inmediata de la visibilidad global.
Lo que el Mundial de 2026 pone en evidencia es, sobre todo, la incapacidad de los gobiernos, en sus tres niveles, para construir un proyecto compartido de ciudad. Porque las instituciones públicas continúan mostrando enormes dificultades para concertar la garantía de los derechos, reducir desigualdades o proteger el territorio. La verdadera pregunta que dejará este evento deportivo será por qué seguimos siendo incapaces de transformar los territorios desde una lógica de igualdad, justicia e inclusión, con criterios ambientales amplios, y de habitabilidad digna para quienes las viven todos los días.
Investigador del PUED-UNAM