El tigre blanco de Bengala de aproximadamente 18 meses de edad y de 205 kilogramos de peso llamado Kenzo -y de cuya especie solo quedan 200 ejemplares en el mundo- no murió como pregonan las distintas autoridades, fue asesinado a sangre fría. Todo inició cuando personal de mantenimiento del centro privado “Animal Experience” ubicado en Tepetlaoxtoc, Estado de México, por error dejó abiertas las puertas de seguridad permitiendo que el felino saliera del recinto. Durante cinco días se desplegó un operativo integrado por las muy eficientes PROFEPA, SEMARNAT, Protección Civil, por policías estatales y municipales, así como por algunos “especialistas”, hasta que fue localizado en una barranca. Lo que sucedió después fue pura y simple incompetencia. La versión oficial asegura que se intentó sedarlo, pero al no lograrlo, le dispararon cuatro veces: dos en la mandíbula y el resto en el pecho y una pata trasera.
Las autoridades quieren que la sociedad recuerde el caso de Kenzo como una tragedia inevitable. No lo fue. Fue, más bien, la consecuencia de una cadena de errores, omisiones e improvisaciones, así como de decisiones irreflexivas, torpes y apresuradas que exhibieron las profundas carencias institucionales en el manejo de los seres sintientes en México. Detrás de cada incidente de esta naturaleza siempre existe una suma de negligencias administrativas, protocolos deficientes y supervisiones inexistentes. Kenzo no era un criminal, ni una amenaza deliberada contra la sociedad. Era un animal no humano desorientado, fuera de su entorno habitual, sometido al estrés de una persecución constante. La obligación de las autoridades consistía en proteger simultáneamente a la población y al ejemplar. Fracasaron en ambos objetivos.
El asesinato de Kenzo revela un problema estructural de ineficacia en el gobierno a todos sus niveles y que está representado por instituciones que reaccionan cuando la crisis ya estalló, por autoridades que improvisan bajo presión mediática y por una burocracia incapaz de asumir responsabilidades cuando los resultados son desastrosos. La indignación social que rodea los casos de maltrato animal surge porque millones de personas observaron cómo una cadena de errores terminó convirtiéndose en una tragedia que pudo evitarse. El caso Kenzo no constituye únicamente un fracaso operativo. Es sobre todo una derrota moral. Un episodio que revela hasta qué punto las instituciones encargadas de proteger la vida pueden terminar convirtiéndose en agentes de su destrucción.
La negligencia se desplegó en distintos niveles: en quienes por omisión permitieron la fuga, en la errática actuación de las autoridades federales y estatales, y en quienes directamente asesinaron al animal durante un operativo que supuestamente tenía como objetivo capturarlo con vida. Ahora se debe analizar y revisar profundamente la pertinencia de mantener animales de todo tipo en instalaciones públicas y privadas fuera de su hábitat natural. Estos recintos denominados reservas o zoológicos son cárceles donde todos los prisioneros son inocentes. Allí el encierro se vive en un ambiente angosto, aislado y oscuro. La libertad se suspende y se entra en un estado de sujeción.
Estos lugares en nuestro país no son instituciones educativas o pedagógicas, son campos de concentración y lugares de confinamiento que suponen un alejamiento total respecto al hábitat natural de quienes por nuestros caprichos se encuentran privados de su libertad.
Los animales no humanos poseen un valor intrínseco que obliga a los animales humanos a tratarlos como algo más que objetos disponibles para nuestro uso y conveniencia. La noción de dignidad animal parte precisamente de esta idea: los animales son seres sensibles, capaces de experimentar dolor, miedo y sufrimiento, y solamente por ello, merecen consideración moral y protección jurídica efectiva. Ante la proliferación de la crueldad social contra los animales, ha llegado la hora de modificar los códigos legales de México para convertir el maltrato animal en un delito penal federal.