México llegó a esta década como uno de los diez países más poblados del mundo. De acuerdo con el INEGI, en 2025 ya superamos los 130 millones de habitantes. Sin embargo, lo más relevante no es sólo cuántas personas viven en el país, sino cuál es su distribución por edades, dónde residen, en qué condiciones de salud llegan a la vida adulta y a la vejez, qué escolaridad alcanzaron, cuáles son sus capacidades laborales y qué instituciones deberán sostenerlas cuando disminuya o concluya su participación en la actividad económica.
Es importante decir que México sigue siendo una nación relativamente joven, pero envejece con una velocidad para la cual no nos hemos preparado. La disminución de la fecundidad, el aumento de la esperanza de vida y el progresivo estrechamiento de la base de la pirámide poblacional están modificando profundamente su estructura. En unas cuantas décadas, el país deberá realizar una transición que en varias sociedades europeas ocurrió durante periodos mucho más largos y bajo condiciones de mayor crecimiento económico, institucionalización de los sistemas de bienestar y cobertura de la seguridad social.
La Ciudad de México anticipa el escenario que terminará por extenderse al resto de la República; en efecto, el índice de envejecimiento -el cual expresa el número de personas de 60 años y más por cada cien personas de hasta 14 años-, se ubicó en el 2020 en 90.2, el más elevado del país. Esto significa que la Ciudad se aproxima al momento en que habrá, al menos, una persona adulta mayor por cada niña, niño o adolescente menor de 15 años.
La relación entre generaciones determina las necesidades de vivienda, movilidad, salud, educación, empleo, cuidados y protección social. También modifica la organización de los hogares y la distribución del trabajo no remunerado. Una ciudad envejecida requiere banquetas transitables, transporte accesible, servicios médicos cercanos, redes comunitarias, viviendas adaptadas y sistemas de cuidados capaces de atender la dependencia. En ausencia de estas condiciones, la longevidad puede convertirse, particularmente para quienes viven en pobreza, en una prolongación de la enfermedad, la soledad y la precariedad.
El problema nacional es todavía más complejo porque en México conviven estructuras demográficas muy diferentes. Mientras algunas entidades y zonas metropolitanas presentan fecundidad reducida y un envejecimiento avanzado, otras conservan una población predominantemente infantil y juvenil.
A esta heterogeneidad territorial se agregan las características sociodemográficas de la población en edad laboral. El llamado bono demográfico nunca consistió simplemente en disponer de muchas personas jóvenes y adultas. Para que esa estructura se traduzca en crecimiento económico se requiere una población saludable, educada, productiva, adecuadamente remunerada y protegida por instituciones de seguridad social. México desperdició una parte considerable de esa oportunidad al mantener elevados niveles de informalidad, bajos salarios, insuficiente inversión productiva y un sistema educativo incapaz de compensar las desigualdades de origen.
La crisis sanitaria hace aún más grave esta situación. El sobrepeso, la obesidad, la diabetes y la hipertensión no son únicamente problemas médicos individuales: constituyen factores estructurales de la productividad, el gasto público y la sostenibilidad del sistema de bienestar. La Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México mostró que, en 2021, 43.3% de la población de 53 años y más reportaba un diagnóstico de hipertensión y 25.6% uno de diabetes. Esto permite anticipar que millones de personas llegarán a edades avanzadas con enfermedades que demandan atención permanente, medicamentos, consultas especializadas y, eventualmente, cuidados de larga duración.
Antes de llegar a la vejez, estos padecimientos ya producen incapacidades temporales, ausentismo, disminución del rendimiento laboral y salida prematura del mercado de trabajo. La transición demográfica mexicana está acompañada, por tanto, por una transición epidemiológica incompleta: aumentan las enfermedades crónicas sin que hayan desaparecido plenamente las enfermedades infecciosas, la desnutrición ni las desigualdades en el acceso a los servicios.
El déficit educativo profundiza esa vulnerabilidad. Las pérdidas de aprendizaje, la deserción y la baja calidad de la enseñanza reducen las posibilidades de incorporar a millones de personas a empleos de alta productividad. Una población numerosa y en edad de trabajar no constituye por sí misma una ventaja cuando carece de conocimientos, competencias digitales y condiciones para participar en sectores intensivos en ciencia y tecnología. El país está envejeciendo rápidamente antes de haber construido la riqueza necesaria para financiar dignamente su retiro productivo.
Frente a este escenario, el crecimiento del gasto en pensiones y transferencias generalizadas exige una discusión seria. Reconocer derechos sociales y garantizar ingresos básicos a las personas mayores constituye un avance. Sin embargo, ningún derecho puede sostenerse indefinidamente sin una arquitectura fiscal, sanitaria y productiva que le dé viabilidad. El problema se encuentra precisamente en la desconexión de una política integral de envejecimiento, salud preventiva, cuidados, vivienda, empleo y fortalecimiento de la seguridad social. Distribuir recursos sin capacidades institucionales alivia necesidades inmediatas, pero no resuelve las causas de la vulnerabilidad.
La demografía no determina mecánicamente el porvenir, pero fija sus límites materiales. México dispone de una amplia población en edades productivas, aunque esa ventana comienza a cerrarse. Aprovecharla exige comprender a la demografía como una estructura viva de capacidades, desigualdades y necesidades. El desarrollo posible dependerá de lo que hagamos hoy con quienes todavía son niñas y niños, con quienes trabajan en condiciones precarias y con quienes envejecen sin seguridad social. El futuro demográfico ya comenzó; lo que todavía está en disputa es si llegaremos a él como una sociedad de derechos o como un país que envejeció reproduciendo sus desigualdades históricas.
Investigador del PUED-UNAM