Hace días, justo en el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, el copresidente de Nicaragua Daniel Ortega, comunicó al mundo la abolición del sistema electoral de su país afirmando que allí ya no se celebrarían más elecciones. Justificó la medida diciendo que así se evitaría que los yanquis, los somocistas y la oposición en general intentaran tomar el poder. Este anuncio representa la culminación de un proceso autoritario y no una decisión repentina. El año pasado introdujo reformas constitucionales que nombraron a su esposa Rosario Murillo como “copresidenta” y extendieron el mandato de gobierno por seis años. Ahora las elecciones que se preveían celebrar para finales de 2026 han sido canceladas. Ortega perdió los comicios presidenciales de 1996 y 2001, pero triunfó en las elecciones de 2006, y desde entonces fue reelegido continuamente en 2011, 2016 y 2021. Durante su largo mandato y especialmente a partir de 2018, Nicaragua ha experimentado un profundo retroceso democrático.
Resulta evidente que Daniel Ortega ha logrado consolidar una dictadura en su país y que ya ni siquiera necesita de la weberiana legitimación legal-racional de las urnas. Ha abandonado ese ropaje formal de la democracia porque la nueva hegemonía coercitiva que ha construido sobre la base de represión permanente, exilio de la oposición y férreo control económico, ya son suficientes para sostener el poder sin mediación electoral alguna. Es el punto en el que el simulacro deja de ser necesario porque no hay ya ninguna audiencia interna o sociedad civil a la que sea necesario convencer. La gramática habitual del autoritarismo electoral consiste, precisamente, en preservar la forma mientras se vacía el contenido: se convocan comicios, se cuenta un padrón de electores, se anuncia un ganador, y el ritual cumple su función legitimadora aunque el resultado esté decidido de antemano.
El sociólogo Max Weber distinguía tres formas puras de legitimación de la dominación: la tradicional, la carismática y la legal-racional. Las elecciones modernas pertenecen, en principio, a la tercera forma que hace posible que un poder se vuelva obedecible porque emana de un procedimiento reconocido como válido y no porque el gobernante utilice las tradiciones o sea carismático por sí mismo. No obstante, Weber también advertía, sobre todo en su obra “La Política como Profesión”, que el ropaje legal-racional puede convivir –y de hecho encubrir- con formas de dominación que operan por vías completamente distintas: el aparato burocrático, el monopolio de la violencia legítima y la capacidad de administrar la coerción de manera cotidiana. El dictador nicaragüense ya no necesita el barniz legal-racional porque desde hace tiempo gobierna por las otras
dos vías: un carisma decreciente pero aún operante y un aparato coercitivo que ha demostrado ser suficiente por sí solo.
Si Max Weber ayuda a pensar en la legitimidad formal, Antonio Gramsci invita a analizar lo que sucede en el terreno de la hegemonía cuando afirma que ningún poder se sostiene solo por coerción, sino que necesita producir consentimiento activo en la sociedad civil, es decir, un “sentido común” que haga aparecer el orden político existente como natural o inevitable. Las elecciones –incluso las manipuladas- cumplen una función doble proyectando, de un lado, ante la comunidad internacional una fachada de normalidad democrática, y del otro, ante la población interna, una sensación, por mínima que sea, de que el poder político responde a algún tipo de refrendo popular.
En ausencia de una sociedad civil capaz de disputar sentido, la hegemonía deja de ser terreno de batalla: ya no hay consentimiento que fabricar porque no existe un interlocutor social con capacidad de exigirlo. Lo que queda es dominación desnuda. Es un regreso a formas de poder más simples y más cercanas a la dictadura que a la hegemonía. Este caso revela los alcances de la erosión democrática en nuestras sociedades.