La Secretaría de Educación Pública ha abierto un debate nacional para definir reglas sobre el uso de teléfonos celulares, redes sociales e inteligencia artificial en las escuelas mexicanas. La decisión llega en un momento en el que docentes y familias observan diariamente cómo la conexión permanente modifica la atención, la convivencia y la manera de aprender. Regular este entorno constituye una responsabilidad pública frente a una transformación tecnológica que avanzó con mayor rapidez que nuestras instituciones educativas.
La presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la SEP, Mario Delgado, han planteado una discusión amplia que culminará con una iniciativa ante el Congreso. Se prevén tres foros nacionales y, posiblemente, un encuentro de cierre con madres y padres de familia, docentes, directivos y especialistas. También será indispensable escuchar a niñas, niños y adolescentes. La ruta es adecuada pues, una regulación de esta magnitud debe surgir del diálogo, apoyarse en evidencia y preservar tanto el derecho a la educación como la protección de la salud y el desarrollo integral.
México es ya una sociedad profundamente conectada. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), en 2024, el 95.1 por ciento de las personas de 12 a 17 años utilizaba internet. La política educativa debe partir de esa realidad y orientar sus usos. El acceso digital amplía posibilidades de aprendizaje, comunicación y participación, pero también coloca a las nuevas generaciones frente a plataformas diseñadas para disputar su tiempo y mantener su atención durante el mayor número posible de minutos.
La preocupación se extiende por el mundo. La UNESCO reportó en marzo de 2026 que 114 sistemas educativos, equivalentes al 58 por ciento de los países, ya contaban con alguna restricción nacional al uso de teléfonos celulares en las escuelas. Francia se convirtió recientemente en el primer país de la Unión Europea en aprobar una prohibición de acceso a redes sociales para menores de 15 años. Australia aplica desde diciembre de 2025 una edad mínima de 16 años para mantener cuentas en determinadas plataformas. España, Dinamarca y Grecia también discuten medidas de protección. Las fórmulas son diferentes, pero todas responden a una pregunta común, ¿quién establece las condiciones bajo las cuales niñas, niños y adolescentes participan en el entorno digital?
Emmanuel Macron resumió esa preocupación con la frase “El cerebro de nuestros niños no está en venta”. En Francia, las personas de 12 a 17 años pasan en promedio una hora y 21 minutos diarios solamente en TikTok. La OCDE ha documentado que, en casi todos los países estudiados, al menos la mitad de los jóvenes de 15 años utiliza dispositivos digitales durante 30 horas o más por semana. Estas cifras describen la intensidad de la exposición, aunque sus efectos dependen del tiempo, el contenido, el contexto y las condiciones personales de cada adolescente.
El uso problemático puede medirse. La Organización Mundial de la Salud encontró que 11 por ciento de los adolescentes estudiados en Europa presentaba dificultades para controlar el uso de redes sociales y experimentaba consecuencias negativas. En febrero de 2026, la Comisión Europea concluyó preliminarmente que el diseño de TikTok infringía la Ley de Servicios Digitales. Señaló mecanismos como el desplazamiento infinito, la reproducción automática, las notificaciones y los sistemas de recomendación altamente personalizados.
El problema rebasa la fuerza de voluntad individual. Muchas plataformas emplean recursos de diseño dirigidos a prolongar la permanencia del usuario. Cuando esa arquitectura afecta el sueño, fragmenta la atención o expone reiteradamente a contenidos dañinos, la responsabilidad corresponde también a las empresas que diseñan y administran esos entornos. Las familias y las escuelas requieren herramientas, información y respaldo institucional para enfrentar compañías con enormes capacidades tecnológicas y comerciales.
La tecnología conserva un valor educativo indiscutible; facilita el acceso al conocimiento, favorece la inclusión de estudiantes con discapacidad, permite desarrollar habilidades necesarias para el mundo actual y ofrece canales de comunicación ante emergencias. La regulación mexicana deberá distinguir entre el uso recreativo y el pedagógico, considerar las diferencias entre niveles escolares y establecer excepciones claras por razones de salud, accesibilidad, seguridad o aprendizaje.
También deberá evitar que el orden digital profundice las desigualdades. En planteles con equipos insuficientes o conectividad limitada, el teléfono personal puede convertirse en una herramienta educativa. Una restricción general sin inversión pública trasladaría nuevamente a las familias el costo de las carencias escolares. La regulación debe acompañarse de infraestructura, conectividad, formación docente y alternativas accesibles para que el derecho a aprender no dependa del dispositivo que cada estudiante pueda pagar.
Los desafíos de aplicación serán considerables; verificación de edad, protección de datos personales, elusión de controles y diferencias de capacidad entre escuelas. Los foros deben producir reglas comprensibles, graduales y evaluables. También se necesita una educación digital que explique cómo funcionan los algoritmos, qué intereses comerciales orientan las recomendaciones, cómo reconocer la manipulación emocional y de qué manera proteger la privacidad. A las plataformas corresponde eliminar mecanismos adictivos, fortalecer la moderación y transparentar los riesgos que generan sus servicios.
La iniciativa de la SEP abre una oportunidad para recuperar el control educativo sobre el tiempo, la atención y la convivencia dentro de las escuelas. La soberanía educativa exige que la autoridad pública y las comunidades escolares definan esas condiciones; hoy una parte de ellas se encuentra determinada, de hecho, por modelos de negocio basados en captar atención.
Las infancias y los adolescentes merecen aprender en espacios donde la tecnología tenga un propósito pedagógico y el encuentro humano conserve su lugar central. El valor de la futura regulación se medirá por su capacidad para proteger derechos, reducir desigualdades y formar personas capaces de desenvolverse críticamente en el mundo digital. Ese es el orden que México necesita.